Embargos y presiones políticas internacionales

BUENOS AIRES.- El día después al sorpresivo anuncio del pago al Club de París, inmediatamente resonó una pregunta entre analistas y economistas internacionales que siguen la evolución de la economía local: ¿qué pasará con los holdouts?. Así se denomina a los bonistas que no entraron al canje de deuda ofrecido en 2005, quienes reclaman todavía títulos por un valor de U$S 20.000 millones.
Los países cuyos ciudadanos resultaron más afectados por la cesación de pagos (Italia, Alemania y Japón) se han mostrado, hasta ahora, de manera discreta pero firme, reacios a hacer concesiones.
El problema no es nuevo para la gestión del matrimonio presidencial que componen Cristina Fernández y Néstor Kirchner, su antecesor en el cargo. En abril de 2005 (bajo la administración de Kirchner), el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la Argentina debía normalizar las relaciones con los acreedores privados. También presionaron los países del Grupo de los Siete (G 7), quienes pidieron al FMI y a la Argentina respuestas claras sobre los pasos que se darían para solucionar el problema de los bonistas.
Las demandas judiciales en los estrados internacionales fueron y siguen siendo también una constante en esta disputa. El juez Thomas Griesa -de una de las Cortes de Nueva York- ordenó, el lunes de la semana pasada, el embargo de U$S 72 millones del Banco Nación por pedido de dos fondos de inversión Elliot y Dart, que están en juicio contra la Argentina por el default. La orden concede la razón a estos dos inversores litigantes que no aceptaron el canje de la deuda ofrecido en 2005 y que reclaman U$S 2000 millones. (NA-Especial)