Rubén “La Chancha” Ale fue una de las columnas del clan Ale, un grupo familiar que estuvo vinculado al delito durante casi 40 años.
El fiscal federal Pablo Camuña, en el juicio en el que fueron condenados por lavado de activos fue contundente. Él y su hermano Ángel “El Mono” Ale, desde 1985 hasta 2015 se habían iniciado en su contra 93 causas por lesiones, amenazas, homicidios, usurpación, robo y promoción de la prostitución, entre otros, pero sólo en tres terminaron en condenas. Su conclusión también fue contundente: siempre contaron con protección judicial y política.

Los Ale aparecieron por primera vez en las crónicas policiales el 3 de enero de 1980. “Brutal asesinato en barrio Victoria”, tituló LA GACETA en su edición de ese día. “Según la información oficial, Manuel Amado Ismael (39 años), circulaba en bicicleta por calle Florida al 2.300, acompañado por Julio Américo Brito (22), que iba en otro rodado, fueron interceptados por los Ale. Tras obligarlos a descender, y por causas no establecidas, Rubén agredió con una piedra en la cabeza a Brito; y Ángel Ale extrajo de entre sus ropas un arma de fuego que disparó contra Ismael. Lo hirió a la altura del corazón, ocasionándole la muerte. Los hermanos Ale emprendieron una veloz huida con el arma empleada”, se puede leer en la crónica. La causa se cerró así: “El Mono” se hizo cargo del homicidio y terminó siendo condenado a nueve años y “La Chancha”, absuelta.

Pero sus nombres se hicieron conocidos a nivel nacional el 31 de diciembre de 1986. Ese día se registró el “Doble crimen de los Gardelitos”, un caso que, a casi 37 años, nunca fue esclarecido del todo porque estuvo cargado de decisiones polémicas. Lo único concreto es que ese atroz hecho dejó al descubierto lo peor del mundo del hampa en la provincia.

La historia dice que ese día, cerca de las 17, en un Ford Sierra se desplazaban Santos Pastor Aguirre, Enrique Soria, Juan Carlos Beduino y dos personas más que nunca fueron identificadas, todos integrantes del clan Los Gardelitos. Al llegar a la altura de avenida Roca al 200, observaron a su prima María Ester Nieva y decidieron retornar para saludarla.

Cuando llegaron a la intersección de la esquina del pasaje Neuquén fueron recibidos a tiros. En el ataque fueron heridos mortalmente Aguirre y Soria. Beduino también fue alcanzado por las balas, pero sobrevivió. Los desconocidos lograron huir ilesos. Ellos fueron los que avisaron a los familiares lo que había sucedido.

DOBLE CRIMEN DE LOS GARDELITOS.

Beduino, el único testigo, señaló que los hermanos Ale y Jorge “La Bruja” Vázquez Carranza habían sido los autores. Pero la Justicia ordenó su detención. Los señalados por el crimen se mantuvieron 68 días prófugos. Pactaron entregarse ante las cámaras de Canal 10 en marzo de 1987. Como ocurrió en el primer homicidio, “El Mono” se hizo cargo de las muertes y dijo que su hermano sólo había acudido en defensa suya.

La Justicia, en un primer momento, acusó a Ángel del doble homicidio y a Rubén, de tentativa de homicidio. Pero sus defensores lograron dar vuelta la causa al argumentar que ellos en realidad se habían defendido de un ataque perpetrado por “Los Gardelitos”. Se aprovecharon de todos los grises que existían en un polémico expediente. Señalaron como pruebas las tres armas encontradas en el auto de la víctima, que nunca fueron disparadas y que al herido y a los dos fallecidos nunca se les hizo una prueba de parafina para comprobar si realmente habían gatillado sus pistolas.

En esos tiempos, el sistema judicial era distinto. Las partes presentaban las pruebas y un juez decidía la suerte procesal de los acusados. Así fue como “La Chancha” y “La Bruja” fueron sobreseídos y “El Mono” condenado a tres años de prisión por exceso en legítima defensa. No pasó mucho tiempo para que a través de un extraño fallo le dieran la libertad.

El caso Salinas

El 30 de enero de 1992 el oficial Juan Salinas fue acribillado por varios integrantes del grupo parapolicial Comando Atila cuando se encontraba con “El Mono” Ale cerca de la plazoleta Mitre. El integrante del clan sobrevivió y se internó en un sanatorio privado. Cuando la fallecida fiscala Joaquina Vernal fue a interrogar al sobreviviente del ataque descubrió que estaba custodiado por un ejército de hombres armados hasta los dientes. Todos terminaron detenidos.

El caso dejó al descubierto una guerra de mafias en la provincia. Por un lado, estaban los Ale y, por el otro, los Atila, hombres que decían luchar por el bien de la sociedad, pero que estaban involucrados en diferentes actividades ilícitas. En otras palabras, peleaban por el dominio territorial.

FAMILIA.

“La Chancha”, “El Mono” y su padre, Said Ale, junto a otras 10 personas, fueron acusados de integrar una asociación ilícita y por portación de armas.
En 1994 fueron absueltos en un juicio y sólo se condenaron a dos miembros del grupo. Los fiscales Esteban Jerez y Gustavo Estofán solicitaron que varios integrantes del Comando Atila fueran enjuiciados por el crimen del Policía, pero su planteo fue rechazado y ellos separados de la causa.
El expediente pasó a manos del fiscal Carlos Albaca que no hizo nada y todos los sospechosos terminaron absueltos por prescripción.

El caso Verón

María de los Ángeles Verón desapareció en abril de 2002. “La Chancha” Ale, ya empoderado por el crecimiento de su remisería 5 Estrellas, colaboró con la familia en su búsqueda. Tiempo después Susana Trimarco lo acusó a todo el clan por haberla secuestrado y entregado a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

La investigación que desarrolló la madre de Marita reveló que los Ale, entre otras actividades ilícitas, se dedicaban a la explotación sexual de personas. Descubrió que en La Rioja existía un cabaret llamado Five Stars (cinco estrellas en inglés) que era de su propiedad. “La Chancha” nunca fue enjuiciado por el caso; sí investigado. No pasó lo mismo con dos de sus ex parejas: Daniela Milhein y María Jesús Rivero. Tuvieron que hacerse dos juicios para que se definiera su situación procesal. Milhein fue condenada en un segundo juicio y Rivero absuelta en los dos debates.

Pero el brazo largo de la Justicia, en este caso la Federal, terminó abrazando de la peor manera a los hermanos Ale. Los condenaron en 2017, casi cuatro décadas después de haber protagonizado un delito, a 10 años de prisión por haber lavado activos provenientes de actividades ilícitas como usura, extorsión, explotación económica del ejercicio de la prostitución y comercio de estupefacientes. Delitos por los que nunca fueron juzgados.