Cuando las cámaras de LA GACETA llegaron al lugar, Alejandra estaba saliendo de casa. Era, justo, la primera vez en tres semanas que se ponía frente al volante: por el mal estado del camino de ingreso y egreso a su barrio (Alto Verde II), una de las cubiertas derechas de su vehículo estaba destrozada. En el momento en que fue sorprendida, iba directamente a realizar el cambio. Así viven los vecinos de los barrios Alto Verde I, II y III.

Día a día circulan por la calle Julio César Strassera; camino que bordea el canal Caínzo-Las Piedras. Es llamado así -aunque pocos lo sepan- en homenaje al fiscal a cargo del Juicio a las Juntas. Para atravesar esa vía, los vecinos deben luchar con baches, con piedras y con restos de materiales que dejan los camiones que circulan. Además, la ruta por la que manejan cada día se erosiona más. Tanto, que hace algunos años se hizo necesario un “bypass”, una ruta alternativa para bordear parte del camino en el que se había detectado un socavón y un peligro de derrumbe. Más de 750 familias -en total- se preguntan lo mismo: ¿de quién es la responsabilidad? ¿quién tiene que solucionar la cuestión?

El camino se ubica a la altura de avenida Perón al 600. Tras algunas cuadras, rodea el Jockey Club y llega al ingreso de los tres barrios privados. Ahí es dónde se encuentra el “bypass”, el parche hecho sobre una finca privada, para conectarse con la ciudad. “Hay muchas obras en construcción, lo que amerita que trasladen los materiales y esos son los vehículos que más deterioran el camino, más allá de los autos particulares y o las motos. La solución es arreglar la ruta, no pavimentar, porque eso sería poner un parche más. La solución es que las personas idóneas solucionen el problema de la picada (la erosión). Por eso está inhabilitado”, indicó el vecino Juan Martínez.

Un peligro latente

El problema no es nuevo. Los vecinos lidian con estas dificultades de circulación desde hace algunos años, pero en los últimos tiempos la situación se volvió de gravedad. Esta vía (que es de la Dirección Provincial del Agua -DPA-) divide jurisdicciones: separa Yerba Buena y Cebil Redondo. Los barrios -explicó a LA GACETA Manuel Courel, jefe de gabinete de la “ciudad Jardín”- se asientan sobre la comuna rural. “La municipalidad de Yerba Buena no tiene competencia ni jurisdicción sobre estos barrios porque están fuera del municipio. Sin embargo, quienes viven ahí son vecinos que hacen su vida cotidiana en Yerba Buena: van al banco, al supermercado y al colegio aquí. Nos piden al intendente y a todos soluciones -comentó-; no nos podemos ocupar directamente, pero sí tenemos ánimos de colaborar”.

El funcionario definió el camino como “un peligro latente”. “Las quejas empezaron hace años, cuando comenzó a desmoronarse el canal -indicó-; hoy la situación es crítica. Si ese canal se desborda o el puente se cae, podrían quedar aisladas 750 familias”. Según explicó Courel, la semana pasada se reunieron con los vecinos a fin de brindar una solución “dentro de las posibilidades del municipio”: “lo que piden ellos es que mantengamos el desmalezamiento sobre el canal, que a pesar de que no nos corresponde lo estamos haciendo. Nos pidieron iluminación, y que pasemos la máquina aplanadora de forma más frecuente”, comentó. En diálogo con LA GACETA, una vecina explicó que la aplanadora fue contratada por los integrantes del barrio. Courel aseguró que esa máquina es la que presta el municipio, sin ningún costo.

Un recorrido rápido

Como se enunció antes, el problema no es nuevo. En 2020, el ingeniero civil y ambientalista Juan Manuel Prado Iratchet expresó a LA GACETA: “siempre será riesgoso. Siempre tendrá un final incierto... hasta que se hagan las obras que corresponden. Y como las obras que corresponden son caras y no se ven, a los políticos no les interesa hacerlas”. Indicó que para lograr un cambio sería necesario el trabajo en conjunto entre todos los actores involucrados.

Ahora bien, ¿cuáles son las causas de tanto peligro? Además de la cuestión de circulación vehicular (que cada vez es mayor), hay otro punto importante. “El canal presenta un deterioro significativo en sus paredes. Eso se debe a que no cuenta con ninguna protección o revestimiento. Como si fuera poco, la altura es significativa. Esos dos factores (la ausencia de revestimiento y la profundidad) potencian el riesgo de una rotura. En cualquier momento, se puede caer el talud. Y eso se debe al poco mantenimiento”, explicó el ingeniero especializado en construcciones David Delgado.

Hubo que esperar hasta enero pasado, cuando se iniciaron obras sustanciales: la DPA comenzó a parar el sostenimiento y la fijación del canal para tratar de frenar la erosión. Esta es una solución momentánea -explicaron- para quitarle fuerza al agua de lluvia y evitar la erosión del cauce. Pero -según dijeron fuentes del Gobierno provincial- la solución final se lograría con un proyecto integral que se “encuentra cargado en la base de proyectos de Nación, en busca de financiamiento para este año”.

¿Soluciones?

Lo cierto es que aquí hay un problema que afecta a cientos de familias. ¿Cuál es la solución? Deberían existir otras vías -explicó- Courel. En rigor, hay otra ruta a pocos metros del cartel de ingreso a Cebil Redondo; y funciona, aunque en algunos tramos es aún de complicada circulación.

A fin de conocer su opinión sobre esta problemática que afecta directamente a los vecinos, LA GACETA intentó comunicarse con Fabián Assan, el delegado comunal de Cebil Redondo, quien respondió a un llamado informando que existe un nuevo proyecto para evitar el uso de la calle que linda con el canal. Informó que iba a chequear el estado de la obra, pero al cierre de esta edición no respondió más a los llamados.

Esta es otra alternativa más: se trata de una obra sobre calle Roca, que buscaba unir Fanzolato con la calle que linda con el canal. “Es un proyecto presentado en septiembre del año pasado. Lo licitó la Provincia, pero hasta el día de hoy no pusieron un metro de asfalto. Ellos se comprometían a hacer la salida por Roca, y todavía no hubo avances. Nosotros hicimos toda la Fanzolato, que era lo que nos correspondía ”, añadió Courel. La obra tenía un presupuesto inicial de $ 69.421.671 y un plazo (en septiembre) de cuatro meses.

Síntoma de algo más complejo

“Este problema en Alto Verde es el botón de muestra de un problema mucho más grave: el pedemonte es parte del área Metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán -resumió Courel-. Y no hay nadie que esté regulando las construcciones; nosotros lo hacemos dentro del municipio, pero por fuera de los límites de Yerba Buena explotan. Nosotros queremos pedir en la Legislatura que se extiendan los límites del municipio, y que se incluyan a todos esos barrios que viven, consumen y piden servicios de Yerba Buena. No pasa sólo en Alto Verde, sino también en el Manantial. Queremos pedir que se reforme la ley de municipios, y que estos barrios estén dentro del municipio, para poder dar solución a los problemas que tienen”.