La aplicación de la ley de Narcomenudeo tiene una impensada traba: la Policía Federal anunció que no tiene los insumos suficientes para seguir desarrollando las pericias a las drogas secuestradas. Este es un proceso clave, ya que se trata del análisis que se hace para determinar si el producto secuestrado es material estupefaciente.

En 2015, el por ese entonces presidente Mauricio Macri invitó a todas las provincias a colaborar en la lucha contra las drogas. Les pidió a los gobernadores que las justicias ordinarias se hicieran cargo del narcomenudeo para que la Justicia Federal luchara contra el narcotráfico, es decir las grandes cantidades. A cambio, les prometió financiar esta “guerra” contra el microtráfico de sustancias que ya estaba generando preocupación a nivel nacional.

Varios gobernadores aceptaron el pedido. En Tucumán, José Alperovich también lo hizo, pero la ley nunca se puso en marcha por una medida cautelar que había presentado el ministro fiscal Edmundo Jiménez. Una de las razones que había esgrimido el titular del MPF era que la provincia no tenía la estructura ni el presupuesto necesario para llevarla adelante. Lo hizo al saber que la Nación no estaba girando los recursos necesarios para afrontar este delito.

En 2019, por una iniciativa del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, se sancionó otra norma para buscar destrabar la cuestión legal. Pero la Corte Suprema de Justicia, que había fallado en favor del planteo realizado por el MPF, entendió que la cuestión de fondo no se había modificado con esta ley y mantuvo firme el freno a su aplicación.

Al asumir como gobernador interino, Jaldo insistió con la aplicación de la ley. El máximo tribunal de la provincia levantó la cautelar, pero condicionó su aplicación a la asignación de recursos, nombramientos de fiscales y jueces y la creación de un laboratorio para analizar la droga que se secuestre en los procedimientos.

El dirigente tranqueño, aprovechando que Juan Manzur era jefe de Gabinete, viajó a Buenos Aires en varias oportunidades para pedir ayuda económica. La Nación le dijo que no, pero le abrió una puerta para que sean los laboratorios de la Agencia Regional de la Policía Federal se encargara de hacer las pericias correspondientes.

Por ese motivo, el PE y la fuerza firmaron un convenio en febrero pasado. En junio de 2022, autoridades provinciales y nacionales visitaron el laboratorio. En ese momento, destacaron la importancia de ese establecimiento en la lucha contra el narcomenudeo y otros delitos.

Inconvenientes

La Ley se puso en vigencia el 1 de diciembre. Antes de que se cumpliera un mes, los responsables del laboratorio que funciona en Laprida al 900, avisaron que no podían seguir realizando ese trabajo porque no tenían los insumos. Le pidieron al Ministerio Público Fiscal que enviaran las muestras a Salta para que realizaran la tarea. Pero desde “La Linda”, también dijeron que era posible que dejaran de hacer este trabajo.

El titular de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, José Sanjuán, envió el 24 de febrero un oficio a los federales de Salta para poder determinar si podrían continuar desarrollando las pericias. El martes le llegó la respuesta: “no es posible continuar colaborando con el análisis de peritajes de índole químico, debido a la faltante de insumos necesarios para poder dar cumplimiento con los requerimiento judiciales solicitados”.

En el escrito también anunciaron que ya se habían iniciado tres expedientes para la comprar el material que se necesitan para hacer las pericias, pero no informa cuáles son las trabas (se supone que tiene que ver con el costo ya que en la mayoría de los casos se elaboran con material que está dolarizado), ni cuánto tiempo demorará, ya que se cree que la diligencia lleva varios meses.

“Por último, y con el objeto de continuar cooperando en el marco del convenio firmado entre esta Policía Federal Argentina con el Gobierno de la Provincia de Tucumán, en la implementación de acciones conjuntas y coordinadas, orientadas a la prevención y lucha contra el narcomenudeo, este Gabinete Científico Tucumán tomó las acciones pertinentes a los efectos de adquirir los insumos, repuestos y mantenimiento necesario para poner en funcionamiento el instrumental específico y de esa manera brindar una respuesta inmediata a las solicitudes periciales requeridas”, se puede leer en la respuesta que lleva la firma del principal Matías Ezequiel Vega.

Según trascendió, la Federal le ofreció al MPF enviar muestras de causas excepcionales a los laboratorios de Jujuy, pero aclaró que no podían garantizar por cuánto tiempo, ya que tampoco tendría los insumos necesarios para sostener la tarea con el tiempo.

¿Y ahora?

Fuentes del MPF señalaron que continuarán trabajando de la misma manera. Entienden que la prueba de campo es un indicio suficiente para lograr el procesamiento y hasta el dictado de prisión preventiva. También destacaron que se cerraron causas a través de juicios abreviados sin contar con el análisis del laboratorio. También destacaron que ahora deberán ser más cuidadosos para solicitar que se realice este tipo de examen. “Hay causas que no se necesitan hacer. Por ejemplo, las que se cierran a través de una salida alternativa, puesto que aceptan su culpabilidad”, explicó.

El problema, según analizaron, llegará cuando la fiscalía de Narcomenudeo deba solicitar la prórroga de prisión preventiva o, en su defecto, cerrar un expediente a través de una salida alternativa. “Esta es una cuestión que deberán resolver los jueces. Para nosotros, la prueba de campo si es un indicio importante, para ellos no. Pero el problema radicará que los defensores, al no tener una prueba firme, se opondrán a una prórroga de detención y mucho más a una condena”, añadió la fuente.

Voceros del ministerio de Seguridad indicaron que no estaban al tanto de esta situación, ya que hasta el momento no habían recibido ninguna comunicación sobre la caída del convenio. Advirtieron que cuando la tengan, comenzarán a realizar las gestiones pertinentes para resolver el problema.