El Gobierno de Bolivia firmó un convenio de reparación con las víctimas de las dictaduras militares que tuvieron lugar en ese país entre 1964 y 1982. El acontecimiento motivó que se retiren las carpas que llevaban más de 10 años ubicadas frente al Ministerio de Justicia, en La Paz, como forma de protesta.
“El golpe de Estado de 2019 puso un duro golpe para quienes hemos peleado por vivir en democracia”, dijo el presidente, Luis Arce, durante el acto en el cual se firmó el acuerdo.
“Han pasado muchos años de esos golpes militares que se llevaron muchas vidas. Fueron compañeros que lamentablemente ya no están con nosotros, pero van a perdurar en la memoria. Y hoy, en homenaje a todas esas víctimas, hemos querido suscribir este convenio para resolver este problema que está por más de 10 años”, agregó el mandatario.
El acuerdo establece la reparación integral a víctimas de las dictaduras del periodo comprendido entre 1964 y 1982, mediante un resarcimiento especial.
Del acto participaron víctimas directas de las dictaduras, familiares de estos y funcionarios.
"Existe el compromiso (del Gobierno) para una política de reparación integral y está pendiente la presentación de los compañeros que no han podido presentar su documentación”, dijo Victoria López, representante de las víctimas.
Y confirmó la decisión de retirar las carpas que por más de 10 años fueron una trinchera de lucha para las víctimas y familiares. “Confiamos en la firma del acuerdo y pedimos al Presidente que se cumpla fielmente”, indicó.
Las víctimas recibirán una reparación económica y contarán con un ambiente para que puedan realizar sus reuniones.
“Hoy tenemos el gusto de dar un paso muy importante en la búsqueda de reparación integral para las víctimas de las dictaduras y gobiernos de facto, periodos que dejaron dolor y graves vulneraciones de los derechos humanos”, indicó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
También anunció que se presentará un proyecto de ley para crear un ambiente conmemorativo por la recuperación de la democracia en el lugar donde se encontraban las simbólicas carpas de protesta.
El año pasado, la Comisión de la Verdad, que investigó los hechos sucedidos durante los 18 años de dictaduras militares en Bolivia, entregó 11 tomos de documentación sobre las violaciones a los derechos humanos y había pedido al Gobierno que se investiguen para evitar la impunidad.
Las iniciativas que anunció el Gobierno de Arce son parte del compromiso asumido con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) referida a la reparación integral.
El GIEI fue creado mediante un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.