Desde hace 15 años que la inflación se ubica en dos dígitos y la tendencia que muestra es ascendente. El impacto sobre la vida de los ciudadanos resulta directo y los desequilibrios que genera dificultan la estabilidad y buen funcionamiento de la economía. No es casualidad que, según el último relevamiento de Synopsis, la inflación es la principal preocupación de los hogares. En este contexto, los sucesivos gobiernos fueron implementando diferentes políticas económicas para buscar frenar la inflación.

Una de esas políticas fueron los controles de precios a bienes de primera necesidad y de consumo masivo, advierte un reporte de la consultora Ecolatina. En la última década, estos programas fueron tomando distintas formas y buscaron cumplir diferentes objetivos, comenzando por la creación del programa de Precios Cuidados en 2014 cuyo objetivo fue marcar precios de referencia, a través de una canasta de heterogénea de bienes de primera y segunda necesidad con actualizaciones trimestrales de 200 (en 2014) a 500 (en 2015) productos.

Luego, una lógica similar estuvo vigente entre 2016-2019, con la diferencia de que la canasta se redujo y prevalecieron las segundas marcas. El objetivo no era que existan productos líderes que sirvan como referencia y ayuden a contener la inflación, sino que haya una canasta accesible para los sectores de menores ingresos, con actualizaciones de un periodo de uno a dos meses, puntualiza el diagnóstico al que accedió LA GACETA.

El cambio de gobierno en 2019 implicó un nuevo viraje. Según la consultora, se buscó establecer precios de referencia, por lo que se amplió la canasta (más de 600 productos) añadiéndose nuevamente productos de primeras marcas. Sin embargo, con la irrupción de la pandemia y la necesidad de frenar la inflación ante el virtual congelamiento de los ingresos, el gobierno decantó por el programa Precios Máximos, que abarcó una gran cantidad de bienes de consumo masivo (llegó a contar con 2.300 productos, en su mayor parte de primera línea). “La gran diferencia con el resto de los controles es que se trataba de un congelamiento que solo contempló dos aumentos a lo largo de 2020, buscando no solo ser una referencia -como los programas anteriores- sino frenar la inflación artificialmente por medio de un congelamiento”, recuerda Ecolatina.

Con la aceleración de la inflación a comienzos de 2021 -pasó de promediar 3,7% mensual en el último trimestre de 2020 a 4,1% en el primer trimestre de 2021-, el congelamiento ya no lucía sostenible. Si bien el programa se desarmó en su totalidad en junio de 2021, el IPC de consumo masivo se aceleró desde febrero del año pasado, alcanzando incrementos medios mensuales de 3,7% entre febrero y octubre del 2021, por encima de la inflación nacional (+3,5% promedio). Este comportamiento dejó en evidencia que, si bien el programa tuvo un efecto sobre este grupo de bienes en el corto plazo, añadió una mayor presión sobre el nivel de precios en los meses siguientes, señala el reporte privado.

El efecto electoral

En un contexto electoral, en el cual la inflación de consumo masivo se aceleró a lo largo de 2021, la Secretaría de Comercio Interior anunció un nuevo congelamiento a mediados de octubre, abarcando un grupo de aproximadamente 1.400 productos (considerablemente más grande que las canastas de Precios Cuidados). Este nuevo programa se mantuvo hasta noviembre (en diciembre la canasta cambió y se autorizaron incrementos) y fue reemplazado por un nuevo esquema que se mantendrá durante el primer trimestre de este año.

En suma, indica Ecolatina, el gobierno busca contener los precios de consumo masivo mediante controles (y en el extremo, congelamientos) pero su ponderación apenas supera el 15% de la canasta que mide la inflación. Considerando que el capítulo de alimentos y bebidas pesa 27%, ya que se le suman carnes, frutas y verduras, el control de precios puede tener un impacto marginal y en el corto plazo sobre el capítulo y puede ser contrastado por la aceleración de otros grupos (como carnes, frutas o verduras). Los múltiples factores que alimentan la inflación, especialmente en un contexto de precios relativos altamente distorsionados, hace que este tipo de programas no sean suficiente para contener la elevada inercia: a pesar de los controles, el IPC Core lleva 15 meses consecutivos ubicándose por encima del 3% mensual.

El reajuste progresivo de las tarifas de los servicios públicos privatizados y la depreciación de la moneda nacional respecto del dólar volverán a reeditar las presiones inflacionarias durante este año que, según las consultoras privadas, puede llegar a tener un Índice de Precios al Consumidor que rondará el 50% anual.


Aumento en el gas

¿Cuánto sería el incremento en la boleta?

Tras la audiencia pública organizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la distribuidora Gasnor pretende un reajuste cercano a los 37% para los clientes que reciben ese servicio en el norte del país, según trascendió de ese encuentro. Las compañías prestatarias del servicio esperaban que la recomposición sea mayor (en torno de un 70%), debido al congelamiento tarifario que se viene registrando desde diciembre de 2019, cuando Alberto Fernández asumió la Presidencia de la Nación. Las empresas adujeron un incumplimiento de la revisión tarifaria integral (RTI) prevista para 2017-2022. El Gobierno había admitido un reajuste de hasta 20%