Nueve de los 11 integrantes de la comisión de Juicio Político de la Legislatura dieron por hecho que Juan Francisco Pisa iba a pasar al sector pasivo y el 24 de febrero dispusieron el archivo de las siete denuncias que solicitaban su expulsión por haber sobreseído a Mauricio Parada Parejas, el femicida de Paola Tacacho. La resolución recién trascendió ayer, tras el vencimiento del plazo de 60 días hábiles que la Ley 8.934 otorga a los magistrados impugnados con renuncia condicionada aceptada para que accedan a la jubilación (ver facsímiles). Los legisladores transcribieron el artículo 30 que establece la suspensión del procedimiento mientras corre el término para lograr el beneficio previsional, pero interpretaron que, en función del decreto del Poder Ejecutivo y de la palabra de Pisa, no cabían dudas de que este iba a irse y no esperaron más: directamente cerraron las actuaciones. A la fecha el juez sigue en su cargo y goza de un privilegio único: no podrá ser destituido por el caso “Tacacho” ni, en principio, por ningún otro motivo.
“Correspondería suspender el trámite del procedimiento de enjuiciamiento por el término de 60 días hábiles de conformidad con el referido artículo (30 de la Ley 8.934). Tal suspensión se otorga a los fines de tramitar el haber previsional, mas en este caso, de acuerdo con las constancias del del descargo formulado por Pisa y corroborado por el Decreto 369/14 -firmado por el gobernador Juan Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse-, el haber ya le fue otorgado el 4 de octubre de 2018, supeditado al cese definitivo de tareas”, dijeron los peronistas Sergio Mansilla, Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Mariela Reyes Elías, Graciela Gutiérrez, Renée Ramírez, Enrique Bethencourt y Carlos Gómez y Julio Silman, y el bussista Mario Casali. Con fundamento en la supremacía de los tratados internacionales, el alfarista Raúl Pellegrini había votado a favor de impedir que la aceptación de la dimisión paralizara la posibilidad de enjuiciar a Pisa y de privarlo, justamente, de una jubilación de excepción superior a los $ 300.000 mensuales.
La comisión de Juicio Político no publicita ni las denuncias contra autoridades que recibe ni las decisiones que toma al respecto. Ello posibilitó que estos tres meses se creyera que el procedimiento contra Pisa permanecía en suspenso, como dispone la Ley 8.934 para estas circunstancias y como había sucedido otras veces en el pasado con magistrados acorralados por los cuestionamientos que se jubilaron de emergencia. La noticia del archivo emergió este jueves, cuando se suponía que la comisión de Juicio Político debía reunirse para reactivar las actuaciones y tomar una decisión respecto del juez. Eso no sucedió y el plazo perentorio para hacerlo feneció. Integrantes del colectivo #NiUnaMenos y el legislador radical José María Canelada, dos de los denunciantes, desconocieron la desestimación resuelta e instaron a la comisión de Juicio Político a reanudar el trámite. “Es repudiable y nefasto que siga en el cargo”, opinaron familiares y amigos de Tacacho.
Más allá de la argumentación peculiar, y del hecho de que el juez quedó en un limbo donde podría permanecer en funciones el tiempo que quiera sin el riesgo de una expulsión, la resolución va en el mismo sentido de la que la mayoría adoptó este mes respecto de Mariana Rivadeneira, una de las fiscalas que descartó acusaciones de Tacacho sin investigar al femicida. En su caso, el cuerpo resolvió -con la oposición de Casali- archivar el pedido de destitución sin siquiera requerir explicaciones, como había dispuesto en noviembre acerca de Pisa.
Rechazo al archivo: Canelada e integrantes de #niunamenos instaron a la comisión a activar el trámite
Dos de los denunciantes del juez Juan Francisco Pisa, el legislador radical José María Canelada y María Urueña Russo (#NiUnaMenos), descartaron que el procedimiento de destitución de aquel esté cerrado e instaron a la comisión legislativa de Juicio Político a reactivarlo como dispone el artículo 30 de la Ley 9.834. “Se han cumplido los 60 días hábiles desde que fuera aceptada la renuncia condicionada del magistrado sin que hasta la fecha se haya materializado la condición (de la jubilación) puesto que sigue en funciones. No continuar este proceso será otra expresión del incumplimiento de la obligación del Estado a actuar contra la violencia de género. También quedará en evidencia el entramado de impunidad que envuelve a las instituciones, incluida la Legislatura, cuando se trata de proteger a los poderosos”, advirtió Urueña Russo. Canelada por su parte apuntó que como denunciante había tomado conocimiento este 27 de mayo de la clausura del procedimiento dispuesta el 24 de febrero, y afirmó que ello sólo correspondía para el supuesto de la renuncia lisa y llana, no para dimisiones condicionadas como la que había presentado Pisa. “Invocar que se encuentra reconocido el derecho al haber jubilatorio de Pisa con base en su propio descargo y en el decreto de aceptación de la renuncia es una interpretación cuanto menos sesgada, parcial, arbitraria y maliciosa del artículo 30”, criticó el legislador.
"La situación se agravó": familiares de Tacacho consideraron "nefasto y repudiable" que Pisa siga en la Justicia
“Hoy la situación es más grave que el 24 de febrero, cuando el gobernador Juan Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse aceptaron la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el beneficio del 82% móvil del juez Juan Francisco Pisa. Esto fue una clara maniobra para salvar a Pisa, pero ahora sabemos que hubo muchas más faltas en su Juzgado y que, por eso, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó la práctica de un sumario administrativo”, expresaron familiares y amigos de la víctima Paola Tacacho en un comunicado distribuido ayer. Los allegados de la joven desafiaron a la comisión de Juicio Político de la Legislatura a reactivar el procedimiento de Pisa si es que realmente reivindica las convenciones internacionales que protegen a las mujeres, como había expresado en la resolución que rechazó y archivó el pedido de destitución de la fiscala Mariana Rivadeneira. “Los legisladores deben ser coherentes y demostrar con hechos su rechazo a la violencia machista. Por otro lado es totalmente nefasto y repudiable que el juez denunciado siga ejerciendo sus funciones ya que sobran las evidencias acerca de su ineficacia para proteger a las víctimas. En el descargo que presentó en diciembre llegó a decir que Paola no era víctima de ningún delito. Una vez más la comisión tiene en sus manos la posibilidad de enderezar hacia la verdad y la justicia el camino trazado por la impunidad”, dijeron.