Alejandra Navarro no va a terminar durmiendo bajo un puente, dice. Ella y su familia van a salir adelante, como sea. Pero ni esa certeza le quita la angustia: en 2017, vendió su única propiedad (en el barrio Seoc), sus dos vehículos y sacó un crédito hipotecario de $ 3.1 para comprarse una casa de $ 4 millones, por aquel entonces. La primera cuota era de $ 16.000. Hoy, le debitan casi $ 70.000 y debe $ 9.8 millones.
"Nunca he dejado de pagar. Estoy al día. Pero cuatro años después, debo más del triple de lo que saqué. Y no sé hasta cuándo podré seguir con esta cuota", dice mientras enseña el resumen de su situación crediticia. En ese documento se lee que la última cuota fue de $ 66.000, monto al que debe agregarle seguros bancarios y otros ítems.
"Mi esposo es profesional de la salud. Para poder hacer frente a esta hipoteca, sale a las 7 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche. Tenemos una sola hija. Nuestra calidad de vida ha disminuido una enormidad. No hacemos grandes gastos; hemos reducido absolutamente todo. Pero en cuatro o cinco meses, será peor: este préstamo se habrá chupado todo el sueldo de él. Es completamente inviable", añade Navarro, con una mezcla de congoja y bronca.
"Escuchamos de manera permanente decir a la gente: 'ustedes son unos ingenuos, cómo van a pensar que no iba a haber inflación'. Bueno... en 2017 era una política de Estado. El gobierno nos alentaba a tomar estos créditos -prosigue-. Además, en nuestro caso, era el único préstamo al que podíamos acceder. Habíamos probado a través del Instituto de la Vivienda, pero el sueldo de mi esposo era superior a lo requerido. Y cuando intentábamos adquirir un hipotecario común, los intereses eran altísimos y no nos daban la cantidad suficiente", prosigue.
El caso de Navarro no es el único. Se estima que unas 7.000 familias han accedido en Tucumán a alguna modalidad de los créditos para viviendas ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVAs, por sus siglas), de entre los cerca de 105.000 hipotecados de la Argentina, de acuerdo a cifras proporcionadas en 2019 por el diputado Pablo Yedlin.
"Si no se toman medidas, las casas podrían ser ejecutadas en el corto plazo. Estamos destinando un porcentaje cada vez mayor de los ingresos para cumplir con las hipotecas. Queremos poder pagar. Pero la situación es desesperante", declara Romina Medina, la vocera de un colectivo denominado Hipotecados UVAs Autoconvocados Tucumán, con ramificaciones en todo el país y con un único reclamo: que se revise el sistema de indexación.
Ayer, por ejemplo, el grupo mantuvo una reunión vía Zoom con parte del equipo del diputado Carlos Cisneros, del oficialismo. Y planean hacer lo propio con el resto de los representantes tucumanos. "Necesitamos una ley. Creemos que la solución debe ser a través de la vía legislativa", se explaya Medina.
En concreto -además de solicitar que se modifique el sistema de indexación- exigen que se fije un tope al aumento del capital; que la cuota no supere el 25 % de los ingresos familiares (como estaba establecido inicialmente, cuando se los otorgaba, y no el 35 %, como se fijó actualmente); que se paralicen las ejecuciones y que se les brinde acceso a la información bancaria.
Cómo es la indexación
Los créditos UVAs nacieron en abril de 2016, como la novedad del gobierno de Mauricio Macri. Tuvieron su auge a mediados de 2017, pero luego comenzaron a decaer y actualmente no están disponibles.
El presidente Aníbal Fernández está lanzando nuevas líneas de préstamos para la construcción y refacción de viviendas. Se ajustan en base a la evolución del salario, de acuerdo a la tasa Hog.Ar, basada en un coeficiente elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y son a tasa 0%.
Los UVAs, en cambio, evolucionan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC); es decir, en función de la inflación. Tanto la cuota como el capital se mueven junto a la inflación. Por eso, un préstamo inicial de $ 3 millones (como el de Navarro) hoy sobrepasa los $ 9 millones. Esta línea admitía un plazo máximo de cancelación de 30 años. Pero en los contratos había una cláusula que permitía solicitar una refinanciación del excedente si el valor de lo que debía pagarse superaba en más de un 10 % a lo que hubiera resultado si se ajustara por Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Debido a que esa situación se verificó en todos los casos, tanto la gestión de Macri como la de Fernández mantuvieron congeladas las cuotas (desde fines de 2019 y durante 2020) y posibilitaron que los pagos pasaran al final de la vida del crédito. No obstante, cuando el 31 de marzo culminaron esos paliativos y se puso en vigencia la convergencia (un sistema para que los hipotecados paguen gradualmente las diferencias de lo que debían haber abonado de no existir los congelamientos) las cuotas se dispararon. En las últimas semanas se conocieron casos de ejecuciones inminentes, en Mendoza, en Córdoba y en La Plata, en los que ni siquiera vendiendo la propiedad les alcanza para levantar las deudas.
En Tucumán, los hipotecados preparan una movilización para fines de abril frente a la Casa Histórica.
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