Con aplausos, carteles, silbidos y cacerolas más de doscientas familias del country La Arboleda, en San Pablo, reclamaron públicamente el cese de la intervención judicial que se mantiene desde hace dos años y exigieron recuperar la administración del lugar. Ante los medios, los vecinos denunciaron que la gestión judicial que debía durar sólo tres meses les provocó ya un endeudamiento de más de $ 4 millones, además de un faltante de $ 325.000, dinero proveniente del pago de las expensas.
“Vivimos en un lugar precioso pero desde hace dos años estamos con las manos atadas, a merced de un grupo de gente poderosa que tiene intereses creados en este country. Esta intervención, aprobada por el juez Alvaro Zamorano, fue orquestada y sostenida por los desarrolladores de La Arboleda con el fin de frenar las acciones que los vecinos llevamos adelante para reclamar que cumplan con obras millonarias no realizadas, o sea… nos estafaron. Este incumplimiento nos provoca falta de agua durante meses, calles intransitables, inundaciones, y nos tiene expuestos a una ola de inseguridad, ya que la empresa actual es deficiente y no la podemos cambiar, pese a que acabamos de sufrir robos millonarios en la última semana y numerosos hurtos”, explicaron Néstor Romero y Juan Manuel Ortiz, miembros de la comisión de vecinos.
Los propietarios indicaron que ante la grave situación formaron la comisión en septiembre del año pasado, sin obtener a la fecha respuesta por parte del Poder Judicial. “El pedido de intervención del country fue realizado por la esposa del camarista Benjamín Moisá, María Terán, y supuestamente tenía la finalidad de efectuar una auditoria contable, que debía durar un máximo de tres meses. Desde hace dos años esta medida se mantiene, pese a las presentaciones de los vecinos, que solicitamos realizar una asamblea de propietarios para, democrática y legalmente, tomar las riendas de la administración”, expresó Javiera Díaz Migliani.
“El abandono al que nos someten es tal que pese a la gravedad del último robo cometido en el country ni el juez, ni el interventor, ni el administrador, ni la empresa de seguridad se presentaron o brindaron explicación alguna”, dijo Alejandro Ruiz Campos.
También denunciaron que el primer interventor nombrado por la Justicia, Dante Arcas, quien se desempeñó desde 2019 a mayo de 2020, fue desplazado por anomalías denunciadas por los propios vecinos. “Cuando se fue nos dimos con un faltante de $325.000 que nadie explica: es gravísimo”, denunciaron.
Los reclamos
“Esta administración que supuestamente tenía el fin de ordenar el country permite que tengamos empresas prestadoras de servicios sin contratos y un endeudamientos del consorcio millonario, además de someternos a vivir en un estado de notorio abandono por falta de obras y mantenimiento”, detalló Ruiz Campos.
Finalmente los propietarios destacaron que “en una provincia donde los sueldos estatales están congelados a valores de 2019, los interventores se aumentan los sueldos con nuestro dinero. Ahora pidieron al juez aplicarse un segundo incremento, del 30%, y no sólo es un interventor, sino cinco personas que nombraron y que nos representan un gasto de casi $200.000 por mes”.
Mientras la Comisión de Vecinos denunciaba estos hechos a los medios, el resto de los manifestantes elevaba sus carteles que expresaban: “Basta de intervención” y “Justicia tucumana: dejá de lucrar con nuestras expensas”.