"El presupuesto está pensado sin pandemia, si hay un rebrote vamos a incorporar medidas de excepción", aseguró el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, durante una entrevista televisiva en la que dejó entrever que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) podrían ser una alternativa para combatir la recesión y el desempleo ante los temores de una segunda ola de contagios y restricciones de circulación en todo el país.
Si bien el Presupuesto 2021 votado en el Congreso no incluyó partidas para el IFE y los ATP, el Gobierno analiza con preocupación la pandemia.
Los dos programa, implementados entre abril y noviembre de 2020, le costaron al Estado alrededor de cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI), algo así como un billón de pesos.
Sin embargo, esa medida sirvió para auxiliar a trabajadores informales, comerciantes y empresas en el momento más duro de la pandemia.
Las estimaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), durante 2020 el IFE llegó a los bolsillos de 9 millones de personas, en tres pagos bimestrales de $10.000.
Mientras tanto, los ATP ayudaron a unas 234.000 medianas y grandes compañías a pagar (el 50%) los sueldos de sus empleados y alcanzaron a 2,3 millones de trabajadores formales.
Conociendo que la pobreza llegó al 47% durante el último año, desde el Gobierno no descartan "medidas excepcionales" para enfrentar la paralización de la economía a la que impulsan las restricciones por la pandemia.
Eso sí, las políticas sociales estarán atadas a las metas reclamadas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), al déficit fiscal previsto para el resto del año y a la emisión de moneda, que viene atada a la inflación y a la cotización del dólar, un combo que deja poco margen para movimientos presupuestarios bruscos.