Arnaldo Ahumada, abogado de Enrique Pedicone, magistrado y denunciante del vocal Daniel Leiva, cuestionó el fallo del juez Juan Francisco Pisa y a su emisor (se informa por separado). “Pisa es el gran pisador de las causas del poder”, opinó ayer. El letrado dijo que la sentencia encerraba dos escándalos jurídicos: la negación de su calidad de querellantes, y de la aplicación del sistema de las audiencias orales y públicas del nuevo Código Procesal Penal.

“En cuanto a lo primero, resulta que Pisa se contradice con su propia jurisprudencia porque fue él quien otorgó a Alberto Lebbos la posibilidad de querellar a los funcionarios públicos acusados de encubrir el homicidio de su hija. Más allá de ello, existe doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que autoriza a la participación amplia de la víctima en el proceso penal. Esto ya está dirimido y Pisa no puede desconocer los fallos que nos otorgan el derecho a intervenir y colaborar en la acusación de Leiva”, dijo. Ahumada añadió que el derecho a ser querellante asistía a la ONG que ya lo había pedido (Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad) y a todo ciudadano que se sienta ofendido por el delito que denunció el juez Pedicone: “estos hechos materializan la corrupción que el Estado argentino está obligado a combatir y a erradicar por los tratados internacionales vigentes”.

El letrado agregó que el otro escándalo por el cual analizaban ir “lo antes posible” a la Corte es la persistencia en la aplicación del sistema fracasado y secreto del antiguo Código de 1991. “La reforma en vigor en toda la provincia tiene la particularidad, como lo dijo el miembro informante de la mayoría, el ex legislador Marcelo Caponio, de haber sido propuesta por la Corte a la Legislatura de acuerdo a las recomendaciones del especialista Alberto Binder. El propio Caponio, entonces, valoró este gesto y la decisión de transformar la Justicia penal que promovió el fallecido vocal Antonio Gandur, a quien se extraña muchísimo en la Corte”, expresó Ahumada. Según su criterio, el fallo de Pisa a favor de Leiva va en contra de un nuevo Código que la propia Corte pidió a la Legislatura que sancione: “esto termina con la Acordada 806/20 del 31 de agosto donde el propio Leiva y sus colegas dicen que este se implementa para las denuncias presentadas a partir del 1 de septiembre, como la de Pedicone. Es palmaria la gravedad institucional que advertimos en este caso donde están en juego el sistema republicano y la transparencia de los actos de gobierno agravados por dos circunstancias: con el viejo Código nunca se pudo llevar a juicio a un funcionario con fueros y, con ese sistema, Pisa se caracterizó por ser el ocultador de los procesos de los poderosos”.