La implementación del nuevo código procesal marcha a un vertiginoso ritmo. Los operadores se están acomodando a la nueva realidad. Pero los grandes protagonistas de estas audiencias son las víctimas. Son personas que se dirigen al juez interviniente y piden que se acabe con la puerta giratoria en la Justicia a través de dramáticos testimonios e insólitos planteos que inclinan la balanza a la hora de fallar.
Dos personas que sufrieron robos en distintos puntos de la ciudad expresaron sin tapujos la pesadilla que vivieron. Ambos reconocieron que asistieron a la audiencia para sumar su granito de arena y tratar de luchar contra la inseguridad.
Rocío Florencia Banghio vive en Uruguay al 900. El miércoles se despertó sobresaltada cuando escuchó ruidos en su casa. Al levantarse, descubrió que dos hombres y una mujer le estaban robando elementos del interior de su vivienda. Ella y su marido, fueron tras sus pasos y en el trayecto, se cruzaron con un móvil del servicio 911 que terminó arrestando a los sospechosos.
“Quiero que se haga Justicia. Espero que este código nuevo sirva para que se acabe con la inseguridad. Hablo por todos los tucumanos. ¡Estamos hartos de vivir así!”, expresó la mujer al hacer uso de la palabra. “Creo que es lo que necesitamos para poner punto final a la puerta giratoria que existe. Y me pongo en el papel de toda la sociedad: no se trata de una bicicleta, sino de lo que sentimos todos, de esta sensación de que no podemos vivir tranquilos”, agregó.
El auxiliar fiscal de la Unidad de Flagrancia I Roberto Vicic, consideró que había pruebas suficientes para acusar del hurto agravado en grado tentativa en contra de Pablo Emanuel Ardiles (estaba siendo sometido a una probation por un delito cometido en Buenos Aires), Juan Pablo Brito (indocumentado) y Claudia Sabrina Aguirre (empleada doméstica sin antecedentes) para que se le dictara la prisión preventiva por 30 días hasta tanto se terminara la investigación por el delito que estaban acusados.
Los tres imputados negaron los cargos formulados en su contra y la defensora auxiliar oficial Teresita Mendilaharzu rechazó la acusación argumentando que se trataba de un delito menor, que se pondrían a disposición de la Justicia y que sus parientes serían los encargados de controlar el cumplimiento de las medidas que dispusieron.
El juez Federico Moeykens, después de un cuarto intermedio, utilizando las mejores palabras, intentó atender el reclamo de la víctima. “Entiendo todo su dolor, pero debe saber que no puedo dictarle la prisión preventiva por un delito que tiene una condena como máximo de un año, es decir, es de cumplimiento condicional”, señaló el magistrado antes de ordenar la libertad de los acusados. La mujer no volvió a emitir palabra alguna, pero sí se la pudo observar cuando se secó las lágrimas que brotaban de sus ojos.
Otro caso
Mauro Suárez es cadete. El miércoles al mediodía dejó su bicicleta con candado en la puerta de la farmacia ubicada en Chacabuco y San Lorenzo. Al salir, descubrió que un hombre se la estaba robando. Logró evitar la sustracción luego de una breve persecución. Manuel Chanta fue detenido por el hecho y ayer presentado a una audiencia.
“Todos los días pedaleo 50 cuadras para ir a la empresa donde trabajo como cadete. Me levanto a las 7 de la mañana para ganarme el pan. Mi mamá dejó el alma para juntar los $30.000 y comprar la bici. Lo único que pretendemos es poder trabajar en paz. No entiendo como un hombre grande puede pretenderle quitarle la ‘bici’ a un ‘pendejo’”, declaró Suárez.
El fiscal de la Unidad Flagrancia I Carlos Picón solicitó el hecho como grave y pidió que se le dictara prisión preventiva por 15 días hasta que terminara de cerrar el caso. El acusado negó el hecho, pero al ver el peso de la prueba en su contra, el defensor Juan Carlos Albornoz solicitó una reparación alternativa para la víctima y así evitar el procesamiento de su defendido
El planteo fue transmitido a Suárez y, después de deliberar unos minutos, señaló: “sólo quiero que me responda dos cosas: ¿por qué quiso robarme la bicicleta y por qué lo negó?”. El imputado sólo dijo que lo hizo porque “hace dos días que no tomo las pastillas para la diabetes, estoy sin trabajo y mi mujer está embarazada”.
El juez Marcelo Mendilaharzu, al entender que no se había cumplido con el pedido de la víctima era imposible que se realizara algún tipo de acuerdo, por lo que terminó dictándole la prisión preventiva a Chanta por 10 días, cinco menos de lo que había solicitado la unidad fiscal.