Mientras miles de científicos trabajan contrarreloj para encontrar una vacuna que enfrente al coronavirus, en nuestro país, y para nosotros, específicamente en Tucumán, todavía no se pudo encontrar un antídoto que frene otro tipo de peligro. Pasan años, gobiernos, funcionarios y nada cambia. O realmente sí, pero para peor. Los tucumanos sufrimos otro tipo de pandemia: la inseguridad. Y para peor, ya parecemos ser inmunes. Nos acostumbramos, convivimos con ella, pareciera que ya no nos sorprende. Y no hay remedio para combatirla.

Hace pocos días, el 8 de junio, LA GACETA publicó una encuesta, en medio de la preocupación reinante por la Covid-19 y con una cuarentena que ya excedía generosamente los 40 días. El 53% de los consultados, en un espectro de 1.069 casos, consideró que el principal problema de los tucumanos es justamente la inseguridad. Muy lejos, con apenas un 13,36% quedó el desempleo, flagelo que se potenció con la llegada del virus letal. Y, tal como reconocen funcionarios tanto judiciales como de seguridad, la flexibilización de la cuarentena trajo aparejado un efecto rebote: los delincuentes salieron en masa y con mayor violencia a recuperar el tiempo perdido durante la cuarentena obligatoria.

Para ejemplificar que se está viviendo una de las épocas más violentas de las últimas décadas, vayan algunos números. En el período enero mayo del año pasado, se registraron en Tucumán 268 arrebatos y 508 robos utilizando motos como transporte. En 2020 la cifra subió en ambos casos: se dejó constancia de 279 arrebatos y de 666 robos, siempre utilizando motos. Todo esto con más de dos meses de cuarentena obligatoria donde hubo controles policiales exhaustivos durante las 24 horas. ¿Qué hubiera pasado si esos retenes policiales para evitar que los ciudadanos no salieran a la calle no hubieran existido? Imposible determinarlo con cifras. Pero si aún con controles las estadísticas aumentaron con respecto al año pasado, la respuesta a la pregunta cae por sí sola.

El dato más importante lo entrega la subsecretaria de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad, Emilia Tarifa: por día, 700 tucumanos se comunican con el 911 para denunciar algún tipo de acción delictiva. Son 21.000 llamados al mes. Todos relacionados con ataques de delincuentes o sospechas acerca de que algo así esté por ocurrir. El problema es que el 60% de esos llamados no son ratificados en sede policial o judicial. Muchos dan la misma respuesta (se los llama para consultarles por qué no hicieron la denuncia). No quieren perder el tiempo ya que saben que muchas veces no se recuperará lo que perdieron.


Por unanimidad

El reclamo por mayor seguridad es constante. En la calle es hoy uno de los temas que más se discute. Entre los entrevistados que accedieron a hablar con LA GACETA, todos reconocen que, si no les tocó a ellos transformarse en víctimas, tienen un familiar, amigo o compañero que sí lo fueron. Y en la Justicia, donde deben ratificarse las denuncias, se cuentan hasta por 100 los casos diarios que llegan a esa instancia. Lo dicho: muchos prefieren no denunciar.

El Gobierno basa sus esperanzas en dos planes de seguridad puntuales para intentar bajar un índice delictivo que los ha sobrepasado. Por un lado, está previsto lanzar un plan “Cuadrante de patrullas” dentro del modelo de Policía comunitaria. En principio se delimitará la estrategia a San Miguel de Tucumán (en el Gran San Miguel de Tucumán se perpetra el 70% de todos los delitos de la provincia). Así, la Capital será seccionada en 71 cuadrantes (se excluirá al microcentro y a Barrio Sur, donde ya trabaja la Patrulla Urbana). En esas porciones trabajarán, las 24 horas, dos policías de a pie, dos en bicicleta y dos en motocicleta. “La idea es hacer prevención con acercamiento a los vecinos. Que los policías puedan estar al tanto de todo lo que pasa en su sector”, explicó el subsecretario de Seguridad, José Ardiles. El problema para que este plan se concrete es de recursos. Hacen falta 1.300 policías más, que ya hicieron el curso de la Escuela de Cadetes, pero su incorporación a la fuerza depende del gobernador Juan Manzur. En épocas donde el país está al borde del default, ¿se podrá incorporar a esa cantidad de agentes estatales?


La libre circulación

El otro plan es polémico; comenzó a ponerse en práctica ayer y tiene que ver con la ley “antimotochorro” que sancionó la Legislatura hace 10 días. Si bien fue impulsado desde el Ejecutivo con el respaldo concreto del legislador Gerónimo Vargas Aignasse (uno de los más cercanos al gobernador), la norma aún genera dudas. ¿La razón? La entrada en vigencia podría desatar una ola de presentaciones judiciales tildándola de inconstitucional por el hecho de limitar la libre circulación, algo que está previsto en la Constitución. Y se sabe que ya hay jueces predispuestos a escuchar a los denunciantes.

Así, las dos dos principales estrategias para combatir el delito por parte del Gobierno están en veremos. Y en Tucumán no tenemos tiempo que perder. La inseguridad se está llevando vidas. Y al igual que al coronavirus, hasta aquí nadie sabe cómo detenerlo.


Números en rojo

2.400 detenidos hay en las cárceles y comisarías de la provincia.

8.911 policías están en actividad actualmente.

204 armas de fuego fueron secuestradas entre enero y mayo.

1.450 personas fueron aprehendidas por delitos entre enero y abril.

5.547 personas fueron aprehendidas por violar la cuarentena.