Multas a infractores: Tucumán se encamina al uso obligatorio de barbijos

A medida que se acerca el escenario de una eventual mayor demanda de asistencia por casos de covid-19, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) refuerza sus mecanismos de acción no sólo para concentrarse en la atención de los posibles infectados, sino también en el ejercicio de su poder de policía para fiscalizar y hacer cumplir las prestaciones de los servicios brindados en el sector privado. Por un lado, la ministra de Salud, Rossana Chahla, en su carácter de presidenta del Siprosa, fortaleció el régimen de cumplimiento del aislamiento obligatorio ciudadano, estableciendo una serie de multas a quienes incumplan las normas vigentes. Por el otro, velar que las obras sociales cumplan con el Plan Médico Obligatorio (PMO), la atención domiciliaria para afiliados mayores de 65 años y la cobertura de la vacunación de sus afiliados en el período previo a las gripes. Aquellas entidades que no lo hagan se expondrán a sanciones que pueden llegar hasta los $ 300.000, según la resolución 141.

Estas medidas serán analizadas mañana por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), un organismo interdisciplinario estatal que, entre otras acciones, establecerá la fecha en la que regirá el sistema de uso obligatorio de barbijos y/o tapaboca en todo el territorio provincial, además de la constitución de brigadas especiales interadministrativas que velarán por el cumplimiento de las medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus.

La resolución 141, además, refuerza la facultad constitucional que tiene el Siprosa de ejercer el poder de policía sanitaria (Ley 5.652) frente a la pandemia de covid-19. Desde el Ministerio de Salud aclararon que las medidas que se adoptarán no persiguen fines recaudatorios, sino que se busca fortalecer las acciones para evitar la propagación de casos en la provincia. En parte, el establecimiento de las sanciones y el alcance de las infracciones está relacionado con algunas medidas aisladas adoptadas por distintas municipalidades en el marco de la pandemia, con el fin de centralizar las decisiones.

¿Cuáles son las sanciones?

• Entre $ 2.000 y $ 30.000 de multa por incumplimiento a las recomendaciones relativas a evitar la propagación de contagios, distanciamiento social y uso de barbijo en caso de presentar síntomas. Esta definición tiene alcance general a toda la ciudadanía.

• Entre $150.000 y $ 300.000 de multa por incumplimientos en la obligación a las obras sociales nacionales y provinciales de cumplir el calendario de vacunación y garantizar dispositivos de atención a sus afiliados que respondan a las medidas de aislamiento.

• Entre $ 2.000 y $ 30.000 de multa para los que no tengan la declaración jurada de aislamiento social para quienes ingresen al territorio de la provincia, obligándose a realizar una cuarentena de 15 días.

• Entre $ 150.000 y $ 300.000 de multa por incumplimientos de obras sociales nacionales y provinciales y empresas de medicina prepaga del estricto cumplimiento del Plan Médico Obligatorio (PMO) y la atención domiciliaria mediante servicio de urgencias de sus afiliados para consultas de urgencia y/o mayores de 65 años.

• Entre $ 2.000 y $ 30.000 por incumplir la recomendación a la población del uso de barbijo o cubiertas de tela para la cara en la vía pública.

• En todos los casos, la reincidencia se considerará agravante de la sanción, especificó el Ministerio de Salud.

“Tenemos que llegar al uso obligatorio del barbijo. Cuanto más estrictos seamos con este sistema, estaremos más tranquilos en los tiempos que se vienen”, dijo a LA GACETA la titular de la cartera sanitaria provincial.

Chahla puntualizó que la idea es que esta batería de situaciones sean aplicadas de forma inmediata. Y recordó que, en ese sentido, mañana desde las 10 deliberarán los integrantes del COE.

Las obras sociales y prepagas

Respecto de las acciones que deben encarar las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, la ministra remarcó que deben atender la demanda de cobertura de vacunas que previenen la gripe. “Además, deben poner en funcionamiento -si es que no las tienen- las guardias mínimas para orientar a sus afiliados cuando presenten algún síntoma o requieran de atención médica”, acotó. Las obras sociales y las prepagas cuentan con convenios firmados con sanatorios privados (contratos prestacionales) para la derivación de pacientes, cualquiera sea su patología. “Deben reforzar sus guardias de atención; que sus vacunatorios atiendan; que se atiendan las líneas telefónicas habilitadas para sus afiliados y que se realicen las consultas domiciliarias, particularmente, a la población de adultos mayores”, especificó la funcionaria.

“Cuando más las necesita el afiliado, las prepagas y las obras sociales más deben estar. Desde el sistema, también precisamos que el sector privado esté activo en este momento difícil para todos para que el afiliado se sienta seguro”, expresó. Desde el Gobierno consideran esencial la función de esas entidades, con el fin de que no se deriven tantos casos al sistema público, de tal manera de saturarlo en caso de que se presenten más casos diarios de covid-19 que requieran atención especial.

Mientras tanto, el Siprosa continúa con el proceso de redistribución de su personal. En ese aspecto, de acuerdo con los datos oficiales, hay unas 770 personas mayores de 65 años en condiciones de reforzar el área de atención virtual a pacientes, mientras que otros 2.500 agentes con morbilidad (integran el grupo de riesgo) están siendo reaubicados en dependencias del área de salud sin contacto con pacientes, como una manera de preservarlos. Paralelamente, alrededor de 230 profesionales (entre 43 médicos que no cuentan aún con el título habilitante y 190 enfermeras) serán habilitados para el ejercicio en distintas dependencias de salud, en el marco de la emergencia epidemiológica, anticipó la ministra Chahla.

El Sistema Provincial de Salud cuenta con una dotación de 17.250 agentes distribuidos en distintas dependencias.