A raíz de la crisis carcelaria que vive la provincia, el Poder Ejecutivo, anunció la conformación de una mesa de Diálogo para el abordaje integral de la problemática de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, que están alojadas en comisarías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia.
La Corte dice que la crisis carcelaria prosigue y falla en contra del GobiernoEl organismo estará integrado por los “ministerios de Gobierno y Justicia y Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos”, en representación del Ejecutivo, y como mínimo “un representante del Poder Legislativo y otro del Judicial”.
Además, instruyó a la titular de la cartera de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, para que convoque a participar de la Mesa de Diálogo a organizaciones de la sociedad civil y a toda persona u organización que estime necesario para integrarla. Asimismo, este Ministerio “coordinará” la Mesa y el Ejecutivo lo faculta para “elevar propuestas para la suscripción con el Gobierno Nacional de convenios de colaboración” que resulte propicio en dicho ámbito.
Opositores critican al PE por la crisis carcelariaEl Decreto establece que el objetivo transversal de la Mesa deberá incluir de forma prioritaria el tratamiento de la “definición y ejecución de una Plan de Obras de un nuevo Complejo Penitenciario y de las modificaciones o mejoras en los ya existentes”. Además, debatir sobre el “régimen aplicable en la Provincia en materia de contravenciones, aprehensiones, detenciones, prisiones preventivas, toda medida privativa de la libertad, con el objetivo de adecuarlas a los estándares internacionales en la materia”.
A su vez, solicita como discusión en dicho ámbito la confección de “protocolos y gestión de capacitaciones en materia de Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.
“Las cajas y la corrupción hacen difícil revertir la crisis carcelaria”Por último, el decreto recuerda que por expediente 04-PE-20, se encuentra en trámite en la Legislatura provincial un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, para “modificar la ley 8523, de la creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes, debido a los inconvenientes que planteaba su integración”.