El empresario Naum Alperovich firmó nuevamente un convenio con el municipio de Yerba Buena por el que deberá asfaltar una calle a cambio de la multa que se le fijó hace dos años, por haber infringido el código de ordenamiento de esa ciudad al construir unas torres en la esquina de las avenidas Perón y Fanzolato, que ocupan más suelo del permitido, según entienden los gobernantes.
Pasadas las 11 del martes, Alperovich y el intendente Mariano Campero estamparon sus firmas en un acuerdo que ambos habían rubricado -por primera vez- a fines de 2016. Sin embargo, en aquella ocasión ni el trato ni el pavimento prosperaron porque a mediados de 2017 fueron objetados por el Concejo Deliberante de la anterior gestión, entre otras cuestiones.
El documento que anteayer fue puesto sobre la mesa no es el mismo que el anterior, sino que se trata de un nuevo texto: en junio de 2016, Alperovich debía pagar una multa de $ 4,6 millones por las faltas que se le adjudicaron; a la fecha, ese monto fue actualizado en $ 10,7 millones.
Además, dos meses atrás, en diciembre del año pasado, el Tribunal de Faltas municipal le endilgó una multa. En este caso, los funcionarios entendieron que las líneas de retiro obligatorio no serían las adecuadas. Se le pidió que pague $ 815.000. Y se le otorgó 60 días para adecuar lo edificado, bajo apercibimiento de demolición.
A esos dos montos se les suma un tercero: una deuda de $ 2,8 millones a favor del municipio, en concepto de un período impago del Tributo de Emergencia Económica.
Acceso
Con esos números en sus manos (totalizan casi $ 13 millones), las partes acordaron “dar cumplimiento a las sanciones y ponerles un fin a las divergencias” (frase escrita en el convenio) a través de la pavimentación del camino de servicio del canal Caínzo-Las Piedras, desde el barrio Las Marías hasta el puente que conduce a los barrios Alto Verde, a la altura de las canchas deportivas del country Jockey Club.
Una vez que esté consolidada (actualmente se trata de una senda de tierra), se convertirá en una vía de acceso alternativa a la calle Bascary.
En total, la calzada tendrá unos 8.250 metros cuadrados, en una extensión aproximada de un kilómetro. El plazo de ejecución será de seis meses y empezará a contar después de que la Municipalidad realice el desmalezamiento y coloque una base estabilizadora.
Diferencias zanjadas
Una vez que la empresa AG NAUM S.A. haya cumplido con esa prestación, la Municipalidad deberá otorgarle los certificados de Libre Deuda y habilitar los dos padrones que ocupan las edificaciones.
Luego, el Concejo Deliberante tendrá que expedir la propiedad horizontal de los edificios. Inicialmente, la cuestión de la propiedad horizontal fue uno de los motivos centrales de la discusión.
En un descargo, Alperovich había planteado que sus torres se enmarcan en una urbanización especial, y no en una propiedad horizontal, como consideran los funcionarios de Campero. La divergencia por uno u otro tipo se debe a que las urbanizaciones pueden construir un Factor de Ocupación Total mayor que el de las propiedades horizontales.
Finalmente, se adoptaron las reglamentaciones vigentes para una propiedad horizontal. De hecho, la Municipalidad deberá entregarles los instrumentos necesarios para que las prestadoras Gasnor, EDET y SAT les habiliten sus servicios.
El convenio fue suscripto ad referendum del Concejo. Según dijo Campero a LA GACETA, en la carpeta que se les enviará a los ediles se adjuntan cotizaciones de otras empresas. “Es una salida en la que todos ganamos. Este conflicto llevaba años y no generaba ningún beneficio. Ahora, el municipio cobrará una multa y les dará una obra a los vecinos”, declaró Manuel Courel, jefe de Gabinete, tras la firma. Alperovich pronunció un mensaje similar: “después de un convenio frustrado, hoy podemos celebrar uno nuevo. Esto zanja las diferencias con respecto a la multa y a las tasas municipales”.
Antecedentes
La historia del Boulevard del Cerro -como se denomina el emprendimiento- comenzó a transitar por los despachos gubernamentales en 2012, cuando Daniel Toledo gobernaba el municipio. En agosto de aquel año, se aprobó la documentación técnica para levantar cuatro torres.
La empresa inició su obra. Pero en 2015 surgieron críticas. Los cuestionamientos apuntaban, principalmente, a la altura de la edificación en relación con las dimensiones del terreno.
Las divergencias derivaron en que, en enero de 2016, Campero le envió una notificación a la empresa pidiendo que fuera liberada la calle del camino de servicio lindera al canal, que estuvo cercada. La nueva gestión enumeró otras transgresiones -según su interpretación- en las que habría incurrido la constructora. Por ello, les dieron permiso para hacer únicamente dos torres.