La nueva composición de la Legislatura tendrá este viernes, a partir de las 8.30, su primera sesión en el recinto de Muñecas 951. Buena parte del temario acordado ayer por la comisión de Labor Parlamentaria girará en torno a dos áreas críticas que marcan la agenda de la provincia: las finanzas y la inseguridad.

Ante la compleja situación que atraviesan las arcas públicas, el Poder Ejecutivo (PE) dio un paso más en la gestión de un crédito por hasta $ 3.000 millones con el banco Macro. Hace ocho días, a través del decreto 270/3 (ME), el gobernador Juan Luis Manzur aprobó el contrato de préstamo y de cesión de derechos de garantía celebrado entre el ministro de Economía, Eduardo Garvich, y el agente financiero oficial. La medida está enmarcada en la Ley de Presupuesto 2019, que autoriza a la Casa de Gobierno a tomar deuda por hasta un 7,4% del total anual de recursos para gastos (es decir, unos $9.250 millones).

En septiembre pasado, Manzur había habilitado a Garvich a iniciar las conversaciones para acceder a un crédito por hasta $3.000 millones. Según el argumento oficial, esos recursos estaban previstos a “posibilitar el pago de las obligaciones operativas”, como salarios y servicios.

El 1 de noviembre, dos días después del acto de asunción del gobernador y del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, el ministro de Economía firmó un contrato de 46 páginas con el banco Macro. Como la Constitución provincial establece que es potestad del Poder Legislativo “autorizar al Poder Ejecutivo para contraer empréstitos basados en el crédito de la Provincia”, el instrumento debe ser ratificado en el recinto.

El expediente cuenta con dictamen favorable de la comisión de Hacienda y Presupuesto, que se reunió ayer por primera vez desde la renovación parlamentaria.

Como en la gestión anterior, el grupo de trabajo será presidido por el legislador peronista Juan Antonio Ruiz Olivares. El vicepresidente será el bussista Paulo Gabriel Ternavasio (FR) y el secretario, el alfarista Raúl Pellegrini (PJS). Como miembros se desempeñarán los oficialistas Marta Najar, Graciela Gutiérrez de Salomón, Enrique Bethencourt y Gonzalo Monteros.

Esta comisión, además, habilitó el tratamiento de dos decretos de necesidad y urgencia firmados por Manzur, a través de los cuales se giran unos $250 millones al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) para el pago a empresas constructoras encargadas de la ejecución de barrios sociales.

Operatoria millonaria

La Legislatura debatirá además un DNU de Manzur referido a la compra de armas de fabricación israelí, concretada hace un año a través de la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, con domicilio en Ciudad de Buenos Aires. La operatoria asciende a más de 9 millones de dólares, e incluye 2.000 chalecos (llegaron en septiembre pasado), 4.000 pistolas 9 mm marca Jericho y armas largas, como escopetas, lanzagranadas y equipos de francotiradores. El armamento debía ser recibido por la Provincia durante el primer semestre de este año, según la ley aprobada en diciembre de 2018, pero debido a supuestas trabas burocráticas aún no fue remitido. “Se han corrido un poco los plazos y hay que modificar algunas fechas (de entrega)”, explicó ayer Jaldo , quien está a cargo del Ejecutivo por el viaje de Manzur a EE.UU.

La adquisición de las armas está vinculada con otra medida solicitada desde la Casa de Gobierno: el estado de Emergencia en Seguridad Pública, Cárceles y Comisarías, Tratamiento de Adicciones y Seguridad Vial. Esta ley, que estaba vigente desde 2016, caducó el 6 de noviembre pasado. El Gobierno provincial envió un proyecto para reponer su validez hasta 2021. Ayer, la comisión de Seguridad y Justicia, que preside el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, comenzó a analizar la iniciativa. Según fuentes legislativas, la idea es invitar al ministro del área, Claudio Maley, para que exponga mañana ante los jefes de bloque del oficialismo y de la oposición sobre los resultados de la aplicación de la norma.

Inflación y salarios

Jaldo: “Hay que recurrir a la austeridad”

El vicegobernador Osvaldo Jaldo (a cargo del Ejecutivo) confirmó ayer lo que le había adelantado a LA GACETA. “Más que nunca hay que recurrir a la austeridad”, dijo, en rueda de prensa. Y destacó el impacto de la “cláusula gatillo” en el erario. “El año pasado (la suba) fue del 49%, y este año va a superar el 50%. El Gobierno nacional que está terminando su gestión no ha podido controlar las variables económicas, entre ellas, la inflación, y (debido a la ‘cláusula gatillo’) la actualización de los salarios (en el Estado) fue superior al 100% en los dos últimos años. Y los ingresos coparticipables vienen por debajo de la inflación”, advirtió.


Presupuesto 2020

Se espera la visita del ministro Garvich

El ministro de Economía, Eduardo Garvich, sería citado la semana próxima a la Legislatura para exponer los detalles del proyecto de Presupuesto General 2020 ante la comisión de Hacienda, que preside el oficialista Juan Ruiz Olivares. “El Poder Ejecutivo envió (la estimación de gastos y recursos) en tiempo y forma. Llega a la cifra de $156.000 millones”, explicó ayer el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Detalló que el asunto sería abordado en una sesión posterior a la que viene, entre los últimos días de este mes y los primeros de noviembre. “El 1 de enero la Provincia tiene que tener en vigencia el Presupuesto 2020”, anticipó.


Primer encuentro

Al menos 13 asuntos en el orden del día

La comisión de Labor Parlamentaria de la nueva composición legislativa debutó ayer, y acordó un temario de al menos 13 asuntos para la sesión del viernes. Si bien la reunión fue coordinada por el titular subrogante de la Cámara, Regino Amado, el vicegobernador Osvaldo Jaldo (a cargo del Ejecutivo por la misión oficial de Juan Manzur a EE.UU.) participó como invitado para darles las bienvenida a los nuevos representantes del pueblo. Concurrieron, además, el vicepresidente primero, Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), y la vicepresidenta segunda, Sandra Orquera (FR). También participaron jefes de bloque, como el peronista Roque Álvarez.