Graciela Sares, directora del Patronato de Liberados de la provincia, es una convencida de que la mayoría de los presos asistidos por la institución no deben reinsertarse en la sociedad; sino “insertarse” en un medio en el que tal vez nunca estuvieron incluidos. Y cree que desde su lugar tienen un papel fundamental en la prevención de delitos. Que en vez de hacer y llenar más prisiones hay que enseñar y darles oportunidades de salir adelante a quienes están cumpliendo una condena. “De esa forma se evitará que sus hijos, sobrinos y otros familiares sigan el mismo camino”, resalta.
El Patronato atiende cada vez más presos y liberados del sistema penal. Y en ese contexto las mujeres son un caso sorprendente. Desde 2014 aumentó un 85% la cantidad de internas y liberadas asistidas por la institución.
La mayoría de las mujeres que atienden cayeron presas por narcotráfico: ya sea por transporte de sustancias (como el caso de Patricia Pastrana) o por narcomenudeo. De hecho, en todo el sistema penal federal, entre seis y siete de cada 10 detenidas están allí por delitos vinculados a las drogas. La tasa de encarcelamiento femenino entre 2000 y 2017 creció un 53%.
Después de la cárcel, Patricia se reinventó y volvió a empezar“Cuando una mujer está presa su situación es mucho más dura. A ellas las suelen dejar solas, les dan la espalda, las condenan socialmente si tienen hijos, porque las acusan de abandonarlos. Generalmente no reciben visitas; a los hombres presos siempre sus familias los apoyan”, compara la funcionaria.
El volver a empezar para ellas es en soledad. Pero suelen tener mayor fortaleza para salir adelante, resalta Sares. “Conseguir trabajo después de haber estado presos es lo más difícil tanto para las mujeres como para los hombres. Faltan políticas públicas en ese sentido. Por eso, en los últimos tiempos lo que hicimos fue darles herramientas de trabajo que se vinculan con los oficios que aprendieron en la cárcel. Y los incentivamos a que hagan un microemprendimiento”, señala.
Supervisión y ayuda
Los trabajadoras sociales del Patronato elaboran informes socioambientales de los que tienen detenciones domiciliarias o libertad condicional y luego controlan su cumplimiento, supervisan el cumplimiento de las reglas de conducta y las condiciones impuestas por los magistrados, vigilan a quienes llevan pulseras electrónicas, revisan el cumplimiento de los trabajos comunitarios (probation) en las suspensiones de juicio a prueba y en las condenas de ejecución condicional. También les brindan asistencia social a los liberados condicionales o egresados por pena cumplida o agotada: desde ayudarlos en el proceso de buscar trabajo hasta gestionarles documentos, planes sociales o subsidios. También asisten al grupo familiar desde el punto de vista psicológico y social.
“Asimismo dictamos talleres de prevención de violencia familiar, abuso sexual y de embarazo adolescente. Y tenemos una escuela para adultos a la que pueden asistir para completar estudios”, resalta Sares.
Ante el incremento de los delitos y de la población carcelaria en los últimos años también su trabajo aumentó. En 2014, por ejemplo, asistieron a 40 internos y liberados. En 2017 esa cifra se multiplicó por seis: fueron 248.
“Cuando llegué a la institución hace tres años había solo seis trabajadores sociales y dos psicólogos. Al equipo técnico se incorporaron siete personas más. Todavía faltan recursos, pero estamos mucho mejor”, concluyó.