Tucumán es una de las provincias que nunca dictó un protocolo para garantizar el acceso a los abortos no punibles. Para subsanar esa mora normativa, la diputada Teresita Villavicencio acudió hoy a los tribunales provinciales.
Qué es el fallo "FAL" y por qué no se lo habría respetado en el caso de la niña tucumanaLa radical disidente ya había denunciado penalmente a la fiscala Adriana Giannoni, a quien le endilga un presunto amedrentamiento a los profesionales del Siprosa que actuaron en el caso de la niña de 11 años violada. A la nena, que había solicitado una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), finalmente se le practicó una cesárea la semana pasada.
La comisión de la Mujer cierra el caso de la niña de 11 años, pero legisladores analizan más medidasAhora, Villavicencio quiere que Tucumán avance en el aspecto normativo, por lo que recurrió a la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de la Justicia provincial. Ocurre que el Código Penal argentino avaló el aborto no punible por causales en 1921. Luego, en 2012, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de la Nación ratificó que la Interrupción Legal del Embarazo está avalada si ese embarazo es producto de una violación. Tras ese fallo, se estableció un protocolo nacional para instrumentar la Interrupción Legal del Embarazo. Algunas provincias adhirieron de manera total a esa regulación.
Organismos internacionales condenaron al Estado por el caso de la niña de 11 años violada"Queremos que en forma inmediata el Gobierno cumpla con su obligación constitucional indelegable de regular y garantizar el derecho a la ILE, de acuerdo al artículo 86 del Código Penal y el fallo FAL", planteó la diputada del bloque Evolución Radical, que conduce Martín Lousteau.
La fiscal Giannoni fue denunciada por su rol en el caso de la césarea a la niña violadaPresentó el recurso amparo patrocinada por la abogada Bárbara Steimberg. En el escrito, piden que "se condene al PE a que en un plazo razonable implemente un protocolo hospitalario para la concreta atención de los abortos no punibles, a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos".
Rojkés y Ginés González García afirman que el Estado fue "cruel" con la niña violada"Debemos terminar con las chicanas que impiden el acceso a los derechos de todas las tucumanas. También pedimos la aplicación supletoria del protocolo elaborado en 2015 por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación", remarcó.