El Defensor del Pueblo de Tucumán, Fernando Said Juri, presentó una acción de amparo junto a la Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (Fodecus) para obtener la suspensión de los efectos derivados de la Resolución 15/2016 y que se retrotraiga el precio de las garrafas de gas al 31 de enero.
El 1 de febrero, la Secretaría de Energía de la Nación comandada por Gustavo Lopetegui, mediante la Resolución 15/2019, dio un incremento de al menos el 24% de la “garrafa social”. De esta manera, el valor del envase de 10 kilos, que rondaba los $ 216, tendría un precio máximo de referencia de hasta $ 295,81. Además, la Nación estableció que el subsidio para los beneficiarios del Plan Hogar (administrado por la Anses) será de $ 152, es decir, que el Estado cubrirá el 51,4% del valor. Las garrafas de 12 kilos pasarán a costar hasta $ 354,97 y las de 15 kilos, $ 443,71.
Los precios de las garrafas se encuentran regulados desde 2008 por el acuerdo de estabilidad de precios del gas licuado de petróleo
Según publica el comunicado de la Defensoría a cargo del justicialista Fernando Said Juri, el precio del gas envasado resulta determinante en los hogares que no tienen acceso a la red de gas natural domiciliaria. “El precio continúa siendo superior al de red y gran parte de los hogares que consumen ese producto se encuentran entre los que menos ingresos tienen”, afirma el texto.
Acceder a gas natural de red no es para cualquiera, según la Defensoría. “Debido a los exorbitantes aumentos de tarifas en los servicios públicos, algunos hogares empezaron a utilizar garrafa, dada la imposibilidad de pagar las tarifas de gas y enfrentar el corte de suministro, o bien para poder controlar el consumo mensual”. La Defensoría añadió: “de acuerdo con los estándares jurídicos, la tarifa que paga el usuario no puede ser un impedimento para el acceso al servicio, y para ello esta debe ser justa y razonable”.