Estupefacto. Así quedó cuando recibió el llamado de la Casa de Gobierno. El pedido: “que suba ya”. La justificación: “es preferible que aumente ahora y no durante el año electoral”.
La voz en el teléfono era poderosa, al igual que el oído que escuchaba la solicitud. Ello fue lo que retrasó el nuevo paro que se dispuso ayer -se creía que iba a ser el mismo lunes- y lo que habilitó el cuarto intermedio en la reunión entre los empresarios del transporte público de pasajeros nucleados en Aetat y los choferes del gremio UTA. Sin embargo, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán amortiguó la presión del Poder Ejecutivo, al menos por ahora, y en la lluviosa siesta finalmente la huelga se hizo realidad.
Los concesionarios del servicio no habían conseguido el okey para un incremento en la tarifa, los choferes no cobraron sus salarios y los usuarios se quedaron sin servicio. Sólo sonrieron algunos taxistas.
En la trastienda, las negociaciones fueron frenéticas y tuvieron como protagonistas a las principales cabezas políticas del oficialismo provincial, a concejales y a autoridades del municipio. Una idea habría sido que los ediles opositores (son mayoría en el Concejo) convoquen a una sesión antes del viernes, cuando termina el período de sesiones ordinarias, e introduzcan un proyecto para elevar el valor del boleto. Eso llevaría a cumplir con la solicitud de los empresarios, a que se levante el paro y a que gran parte del costo político lo pague el municipio o más bien la gestión de Germán Alfaro, porque el “uso y costumbre” marca que la Dirección de Transporte de la Provincia incrementa la tarifa de las líneas interurbanas luego de que lo hace la capital provincial, pese a que tiene potestad y autonomía de hacerlo cuando le plazca. Todo lo más lejos posible de las elecciones de 2019. Ya hubo dos subas en el año: se llevó el boleto de $ 9,35 a $ 12,50,primero, y a $ 15,50, después. Los empresarios piden una tarifa de $ 28,50.
Como hasta aquí nada de ello sucedió, los choferes de colectivos anunciaron que seguirán de paro hasta tanto les paguen lo que les deben. Los empresarios, en tanto, mantienen su posición de que no pueden pagar sin asistencia crediticia y sin incremento tarifario.
¿Qué pasará?
Si el Concejo Deliberante finalmente convoca a una sesión y habilita un aumento tarifario, la pelota quedará del lado de Alfaro. En el municipio juran que el intendente vetará cualquier ordenanza que implique un alza en el valor del boleto. Paralelamente, algunos ediles pretenden exigir al Ejecutivo municipal que intervenga y ordene a las empresas prestar el servicio que tienen en concesión en nombre de la comuna. A su vez, desde algunas localidades del interior pretenden recordar a la Casa de Gobierno que tiene la potestad de hacer lo mismo con las líneas interurbanas...
En definitiva, el paro de colectivos puso en un brete a los dirigentes, teniendo en cuenta que los usuarios no hacen más que despotricar contra los empresarios, de quienes se sienten rehenes. Señalan a concesionarios, políticos y gremialistas como cómplices de un sistema que perjudica a los que utilizan diariamente ese medio de movilidad. El costo político puede volverse una herida importante para unos y para otros, incluso para los que están pensando en utilizar el pleito para golpear a algún contrincante.
Los pedidos en los foros de discusión y en las redes sociales para que los usuarios se organicen y no utilicen el servicio o la exigencia para que se habiliten sistemas alternativos, como los transportes de autos particulares compartidos, parecen ser alertas que están obviando los que se enfrascaron en el juego político-empresarial del transporte público tucumano. En ese intríngulis se halla una veintena de empresarios que explota las 14 líneas urbanas y que vende casi 6 millones de boletos al mes sólo en San Miguel de Tucumán. Muchos de ellos son los mismos que manejan las 56 líneas interurbanas. La mayoría tiene contactos con políticos que van desde el gobernador (hace pocas semanas se reunió con el ejecutivo de Aetat, Jorge Berreta, como se difundió en las redes sociales oportunamente), hasta punteros de las comunas. Dependen de los contratos de concesión del Estado, porque es el propio Estado el que debería brindar el servicio. Por ese servicio, obtienen un rédito. ¿Está claro el negocio? ¿El negocio es claro?