Los empresarios del transporte público clamaron por una ayuda económica para sostener el servicio, a raíz de la crisis económica. Pese a que el Poder Ejecutivo provincial anunció hace dos semanas que se haría cargo de gran parte de los subsidios nacionales que cesarán en 2019, los dueños de las firmas de transporte insisten en que no pueden abonar los sueldos ni subas salariales con lo que obtienen con la recaudación. “La tarifa técnica nos da que el boleto debería costar $ 28 o $ 29, pero no pedimos esta tarifa; queremos que se forme una mesa con todos los actores, concejales, intendentes, legisladores y el gobernador para definir cómo se puede compensar la situación económica y que se fije un boleto que puedan pagar los usuarios”, planteó Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
Daniel Orell, presidente de la Cámara, insistió en que sin ayuda económica la actividad “no podrá seguir funcionando”. “Este mes tenemos que hacer frente a $ 3.814 de una cifra no remunerativa más un retroactivo a noviembre de $ 3.200 fijados en el acuerdo salarial de la semana pasada en Buenos Aires. Y ya estamos complicados para pagar el aguinaldo. Necesitamos una ayuda financiera del orden de los $ 100 millones mensuales antes de Navidad para las empresas”, expuso Orell.
En simultáneo al pedido empresario, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) adelantaron que hoy habrá un paro de 24 horas por la falta de pago de los ítems acordados. “Hay paro por una cuestión netamente salarial, a partir de las 0 horas con asistencia a los lugares de trabajo por 24 horas”, dijo lacónicamente César González, titular de la entidad. El dirigente explicó que antes del convenio de la semana pasada los choferes sólo habían tenido una suba salarial del 11% en el año.
Reclamo empresario
“Nos encontramos en un momento de colapso del sistema de transporte público de Tucumán. La fijación de tarifas deficitarias desde hace más de cinco años y la preocupante realidad económica del país nos coloca en una instancia límite y de consecuencias catastróficas”, expresó Orell. “Esta crisis no se soluciona solamente con aumentos de tarifas, necesitamos una política de Estado de transporte público, subsidios y exenciones impositivas”, agregó.
A fines de noviembre, tras los reclamos de los empresarios, el Gobierno provincial anunció que supliría con fondos propios parte de los subsidios nacionales que cesará la Nación desde 2019. Para este año, el valor global de la ayuda económica para las empresas tucumanas ronda los $ 2.250 millones. El Poder Ejecutivo anunció que cubriría $ 1.500 millones con fondos propios, y que estaba comprometida la ayuda de la Nación para el año que viene.
Los empresarios tildaron la ayuda provincial de “insuficiente”. Recordaron que habían solicitado un ajuste de la tarifa mínima, para que el boleto pase de los actuales $ 15,50 a $ 27,10. “Si también cuantificamos el cese de la tarifa subsidiada al gasoil, el precio que deberán soportar mensualmente las empresas ronda los $ 80 millones extras. Es indispensable un auxilio financiero en lo inmediato, junto a tarifas razonables”, consideró Orell. Y agregó: “se impone una solución consensuada, evitando incrementos desmesurados con tarifas inaplicables”. Parte de la crítica de los empresarios también apuntó a la Nación por la inequidad en el reparto de subsidios nacionales a las provincias respecto a la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. “Nos golpea, además del pago de estos $ 75 millones que se requieren para cumplir con los acuerdos salariales, la desigualdad entre las empresas. En la Capital Federal y el conurbano todos esos montos están reconocidos a través de subsidios nacionales. Al interior, la Nación nos dijo ‘háganse cargo como pueda’. Dijeron que habría $ 400 millones para auxiliar al interior en estos puntos, pero entre 24 provincias nos tocarían $ 36 millones. Para un mismo servicio, prestaciones y sueldo, debe haber igualdad”, reclamó Luis García, a cargo de la Línea 1 en la capital.