Las captaban mediante el engaño. Los encargados se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las jóvenes para incorporarlas al “circuito prostibulario” y obtener ganancias económicas. Una vez adentro, les proveían de un nombre de fantasía, ropa erótica para utilizar con los “clientes” y se les tomaban una serie de fotografías, que eran publicadas en una página de internet. Como en todos los casos de explotación sexual, la amenaza habría sido el arma contra las víctimas.

El fiscal Federal N° 2, Pablo Camuña, solicitó esta semana al Juzgado Federal N° 2 la elevación a juicio oral por trata de personas en contra de Alejandra Beatriz Galván, Claudia Karina Contreras y Walter Alfredo Ayala, quienes habrían integrado una “organización que se dedicaba a la captación y acogimiento de mujeres para el ofrecimiento sexual”. El funcionario judicial acusó al hombre y a las dos mujeres de haber llevado adelante esta actividad, cuanto menos, desde el 13 de julio de 2016, en dos inmuebles de la capital. En un primer momento, en calle Corrientes al 1.800, y luego en 12 de Octubre al 800. De acuerdo con los resultados de la investigación, se identificó a cinco jóvenes de entre 21 y 25 años como las víctimas. Una de ellas estaba embarazada cuando se concretó uno de los allanamientos -en marzo del año pasado-.

Pudo establecerse, sobre la base de fuentes oficiales, que las mujeres habrían sido ofrecidas “como mercancía a ocasionales clientes mediante el sitio www.sensualtucuman.com. Luego, habrían sido sometidas al ejercicio de la prostitución en las viviendas señaladas durante la tarea de inteligencia, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

La organización se aprovechó de mujeres en situación de vulnerabilidad, como necesidades económicas, familiares y sociales. La mayoría estaba a cargo de hijos y de familiares, sin empleo o con trabajos precarios. Ante esos casos, la banda convenció a las jóvenes para que se dedicaran a la prostitución, de acuerdo con los casos conocidos.

El prostíbulo

Siempre de acuerdo con la investigación, Ayala y Galván eran propietarios del prostíbulo. Este lugar funcionaba todos los días en dos turnos: de 9 a 13 y de 14 a 21, aproximadamente.

Dentro de la estructura, se había establecido un funcionamiento: el “cliente” debía abonar una “tarifa” a Contreras. De ese monto, un porcentaje correspondía a los explotadores y otra para quedaba a la mujer que prestaba el servicio, aunque se descontaban “gastos”, como ropa, comida, limpieza, recepcionista, preservativos o avisos.

En un informe del Programa de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas se detalló que ingresaban por día al prostíbulo entre cuatro y 20 clientes por cada víctima. El movimiento dependía del momento del mes, teniendo en cuenta el cobro de los salarios en los primeros días. “Los pases quedaban registrados en un cuaderno manejado por la imputada Contreras, que recaudaba lo producido de cada jornada”, destacó al trabajo de esta área.

En el requerimiento a elevación a juicio, la Fiscalía señaló que la distribución de las “ganancias” no era equitativa. Ganaban más los propietarios del establecimiento y menos las víctimas. Se desprendió también de la causa que Ayala ofrecía tomar fotografías para campañas de una supuesta agencia de modelos, denominada “Model Top”. Habría ofrecido dinero para realizar imágenes sin ropa.

Ayala fue procesado en 2017 con prisión preventiva, al ser señalado como supuesto autor del delito de trata de personas. A su vez, Galván fue sindicada como coautora del mismo delito, con fines de explotación sexual. Contreras, según la Fiscalía, figuraría como partícipe secundaria.