Opinión Columnas

“Téngase presente”

Por Irene Benito

10 Sep 2018

Al catálogo de distorsiones y adefesios institucionales que Tucumán supo concebir con fanatismo adictivo se ha sumado, a partir de la gestión del Estado provincial que comenzó en 2015, la vocación por aplazar decisiones tan indefectibles como urgentes. Este fenómeno tiene su expresión más acabada en la demora que el Gobierno de Manzur aplica para nombrar jueces: la costumbre de dilatar y postergar la definición de las ternas y de los listados de subrogantes se ha convertido en una marca registrada de esta administración. Esa política edificada sobre la base de promesas rotas sin pudor, silencios y sonrisitas, se combina últimamente con la omisión de numerar y publicar leyes promulgadas en forma ficta o por el transcurso de 10 días hábiles previsto en el artículo 71 de la Constitución de Tucumán. Una norma sin número es como un ser humano sin nombre: no se los puede invocar. De tamañas proezas de sinsentido derivan estropicios tangibles y la broma que compara al ilustre Juan Bautista Alberdi con su tocayo jefe de Estado: si para el primero “gobernar es poblar”, para el segundo “gobernar es prorrogar”.

La posposición de rutinas administrativas esenciales desquicia por igual a beneficiarios y a aliados y funcionarios del mandatario, que no se tragan excusas personalistas, ni el promocionado anclaje de la gestión en Buenos Aires y el extranjero. El entorno no consigue explicar por qué el médico se niega a practicar procedimientos inevitables, que tarde o temprano tendrá que ejecutar. O por qué decide pagar costos -quedar mínimamente expuesto como un “procrastinador”- por decisiones en principio inocuas, que, por ejemplo, gozan del aval de la oposición, como ocurrió en el supuesto de las normas complementarias del “viejo nuevo” Código Procesal Penal sancionado en 2016. La llave para comprender ese estilo mañoso, que estresa trámites sencillos, estaría en la cartera de Silvia Pérez, la secretaria general de la Gobernación que hace las veces de “stopper” de la burocracia. Pero sería injusto cargar sobre Pérez todo el peso de ese arcano que es Manzur, que, a contrario sensu de la lógica, más huidizo e indescifrable resulta cuanto más avanza su mandato.

Tan cierto como que quien nada hace ningún error puede cometer es que la inacción genera consecuencias, en especial cuando lo que está en juego es la imposibilidad de acceder a la justicia. “Manzur toma nuestras necesidades y pedidos como nosotros manejamos los escritos que no nos interesan: les ponemos ‘téngase presente’ ”, se lamentaba esta semana una figura encumbrada de los Tribunales. En esa línea, un príncipe del foro advertía estupefacto que el Gobierno dispensaba al Poder Judicial el mismo trato que a la Dirección de Catastro. “Los hechos dicen más que el diccionario: simplemente no acusa recibo de que tenemos un sistema penal de ficción y del descontento social que genera”, colegía otro actor influyente de ese mundillo. Este mismo interlocutor entendía que la Justicia estaba siendo víctima de su inoperancia para hacerse respetar. “No quiso poner límites ni ‘pelearse’ con las autoridades políticas, y ahora cosecha lo que sembró”, concluía el analista.

La impaciencia para con Manzur ya es indisimulable. Al final de la última sesión pública simbólica que presidió en el Consejo Asesor de la Magistratura, el vocal Antonio Estofán liberó este malestar al poner en mora al gobernador y avisar que la intención de activar el proceso penal renovado en febrero lucía cada vez más alejada. No sólo faltan jueces y leyes, sino que el Poder Ejecutivo persiste en la indiferencia hacia una de las patas del esquema promovido por el propio oficialismo: el Ministerio Público de la Defensa. Por las mismas razones insondables por las que se niega a cubrir vacantes de las justicias ordinarias y de Paz, y a numerar y publicar las normas promulgadas, Manzur se abstiene de constituir una institución que urge como ninguna otra por su función de brindar asistencia jurídica a la población con recursos escasos. La incapacidad para designar “a dedo” al jefe de los defensores oficiales consolida en Tucumán el modelo del “Poder Judicial para ricos”. Injusto y cruel es el destino para quienes no están en condiciones de costear un abogado.

La apatía del gobernador desnuda un rasgo kirchnerista: durante la década pasada, la Corte de la Nación atribuyó el estado desastroso de la Justicia Federal a la proliferación de cargos acéfalos, infraestructura impotente que desde luego no inquietaba a la Casa Rosada. Manzur pudo aprender “la receta” durante su gestión como ministro de Salud de Cristina Kirchner. Es la hipótesis de sus detractores, que ven en la indiferencia del jefe de Estado para con los déficits judiciales locales una estrategia para debilitar al órgano de control o para, directamente, reducirlo a una presencia decorativa. La emergencia provocada ha surtido el efecto de expandir la precariedad y la discrecionalidad, y de preparar el terreno para el desembarco de una legión de jueces provinciales transitorios, que carecen de uno de los atributos -la estabilidad- que garantiza la independencia. Malas noticias para una sociedad que tiende a eternizar las soluciones provisorias fundadas en la emergencia, como acreditan los nombramientos interinos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.

Pero un sector del Poder Judicial desconfía de que detrás de las prórrogas de Manzur haya una intención planificada de subordinar a la magistratura. En ese ámbito más bien adhieren a la premisa prosaica de que la resolución de los conflictos y la pacificación de la comunidad no forman parte de la escala de prioridades de las autoridades. “Para lo que ellos quieren son más eficientes que las luces led”, ironizan. Gobernar, entonces, tampoco sería afianzar la justicia, interpretación que conduce a un túnel sin salida, donde toda perspectiva de crecimiento institucional se estrella contra el más desesperante de los “téngase presente”.