Así como el “efecto pedagógico Comodoro Py” enseña que los Tribunales pueden volverse contra los poderosos que antes protegían para legitimarse en el nuevo ciclo político, así también la escuela de las víctimas instruye que sufrir un delito puede ser la mayor de las condenas. Alberto Lebbos, Matías Bagnato (sobreviviente de la Masacre de Flores) y María Luján Rey (querellante de la Tragedia de Once), tres abanderados de ese “establecimiento educativo” al que nadie elige ir, dieron cátedra este jueves en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. En un aula repleta, con asistentes sentados hasta en el piso, los oradores recordaron que cargaban con muertes irreversibles que podrían haber sido evitadas y, además, con los golpes recibidos por buscar la reparación elemental de la justicia.

La mayor parte de las víctimas argentinas no aguanta la suma de descargas letales: el shock de la pérdida violenta de un ser querido seguido del shock de disfuncionalidad estatal, proceso kafkiano e impunidad. “No llegan jamás a sobreponerse”, dijo Rey, y a modo de ejemplo citó la muerte prematura y silenciosa de varias decenas de padres de chicos fallecidos en el incendio del boliche Cromañón (2004). La mamá de Lucas llamó la atención sobre la catarata de adversidades que desataba el suceso delictivo. La vida se da vuelta en un segundo: en ese desorden suelen cohabitar la inexperiencia y el desconocimiento del “sistema”; el deterioro físico y psicológico, y las estrecheces materiales. Todo parece complotarse para hundir a la víctima, que queda incrustada en el medio de dos dimensiones contradictorias e incompatibles: la memoria de la injusticia sufrida y la tendencia colectiva a olvidar la historia sin curar sus dolores.

El vía crucis se nutre de reglas absurdas y de funcionarios deshumanizados que las aplican sin piedad. Bagnato evocó una vez más que el victimario Fructuoso Álvarez González había anunciado varias veces que los “quemaría vivos” a él y a sus familiares antes de consumar el quíntuple homicidio en 1994. “Denunciamos las amenazas, pero siempre nos decían que nos quedáramos tranquilos, que sólo querían atemorizarnos”, comentó en Derecho. Primera norma irracional: el “sistema” se resiste a prevenir y sólo reacciona cuando el daño ha ocurrido. El “sistema” subestima las señales que anticipan el horror. A posteriori, tiende a procesar el delito sin integrar a sus perjudicados directos. Bagnato dijo que él se vio frente a empleados, secretarios, fiscales y jueces que le cerraban las puertas de su expediente con el argumento de “que no era parte”. Segunda norma irracional: el “sistema” trata a las víctimas como estorbos.

En su escuela de pesadilla las víctimas comprenden que casi todos empatizan con sus causas en abstracto, pero que, en la práctica, casi nadie está dispuesto a ponerse en sus zapatos. Por eso en la Facultad de Derecho se insistió una y otra vez en la necesidad de sensibilizar a los futuros letrados sobre la función social que están llamados a desempeñar. “Una víctima no sabe lo que es un alegato, una recusación y una condena firme, pero debe conocer sus derechos para poder reclamarlos”, ilustró Rey. En vísperas del Día del Abogado, la panelista advirtió que la profesión no podía ser exclusivamente un vehículo para ganar el sustento porque de su ejercicio recto, ético y comprometido dependía -nada más y nada menos- que la posibilidad de la sociedad de acceder a la justicia. Lebbos, en su condición de local, se encargó de enfatizar ese aspecto del problema así como de destacar la tarea de Ana Colombres Garmendia, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y la presencia en el claustro del camarista Enrique Pedicone, del fiscal Carlos Saltor, de la defensora oficial Inés Avellaneda, y de los opositores Eudoro Aráoz y Sandra Manzone -el legislador Fernando Valdez (UCR), y los funcionarios nacionales Martín Casares y Luciana Carrasco participaron de la actividad con la calidad de expositores-.

“Durante muchos años hablábamos solos o conversábamos entre nosotros. Eso ya no es así”, definió Lebbos entre lágrimas y con la mirada clavada en la bandera de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán, paño que todos los martes recorre la plaza Independencia para reiterar que las deudas y heridas permanecen abiertas, pero persiste también la lucha para saldarlas y cerrarlas. “En la Nación antes nos agarraban a garrotazos”, añadió. Es que pelear contra el “sistema” es entrar en una confrontación con sus responsables políticos. Rey atribuyó su desgracia, la colisión del tren de la línea Sarmiento acaecida en 2012, a un Estado fallido, que antes había “chocado” sus controles en beneficio de los poderes salvajes que prestaban el servicio ferroviario. “La Tragedia de Once fue fruto de la corrupción. A Lucas lo mató la corrupción”, repitió.

¿Qué necesitan las víctimas? “Cosas simples”, contestó Lebbos, quien a la par de bregar desde hace 12 años por el esclarecimiento del homicidio de su hija Paulina clama por la reglamentación de la ley provincial que tutela a los ciudadanos expuestos al delito. Cosas tan simples como ser oídas y contenidas por un Estado que, de esa manera, demuestre que le importan los crímenes ocurridos y, sobre todo, que trabaja para que no vuelvan a suceder. Las víctimas no quieren convertirse en activistas ni en héroes, sino encontrar alguna forma de paz que les permita superar traumas y dar un sentido a sus pérdidas. Este drama también duele por sus secuelas de estigmatización y de aislamiento.

Como decía Bagnato, la ciudadanía prefiere ignorar o relativizar lo que sucede en la escuela de las víctimas porque sospecha que no está exenta de terminar allí. Es un mecanismo de resistencia que no soporta el archivo. En una sociedad donada a la delincuencia, y arrinconada por la inseguridad y la marginalidad, cualquiera puede ser el próximo alumno.