La barra propia avaló el reto
El presidente Mauricio Macri desafió de nuevo al gobernador Juan Manzur a transparentar el manejo del Estado por medio de la publicación de los datos en internet. La reiteración del planteo provocó aplausos entre los funcionarios de Cambiemos que asistieron ayer al acto en la Central Térmica “El Bracho”: fue el único festejo que hubo durante la alocución.
¿Qué dijo Macri?
“No es cierto que no vamos a poder cambiar: tenemos que asumir que ya cambiamos y que lo que estamos haciendo es que podemos trabajar con transparencia; respetando los contratos y la sana competencia, y cuidando el dinero de todos los argentinos. Claramente viendo todo lo que pasó entendemos por qué nos faltan las rutas que necesitamos para sacar los arándanos o el limón, nos faltan los puertos y todavía más energía. Eso ya sucedió: sí, lamentablemente, toda esta plata de la corrupción explica todas las cosas que nos faltan y los desafíos que tenemos por delante. Pero tenemos que estar tranquilos de que hemos creado condiciones diferentes e institucionalidad. Hoy en la Nación tenemos una ley de acceso a la información pública que nos ha venido obligando a poner cada vez más la información de lo que hacemos en internet para que cualquiera pueda ver lo que se hace y tenemos un sistema que se llama ‘Contratar’ y otro que se llama ‘Comprar’ donde también adquirimos bienes y servicios por internet, dándole máxima transparencia. El desafío es seguir perfeccionando eso, que ya nos hizo pasar del puesto 54 de transparencia mundial al 17 en tan sólo dos años y medio. Ahora el desafío que tenemos es que lo mismo se vaya aplicando en las provincias y ciudades de la Argentina. Gobernador, lo invito para que saquemos en Tucumán una ley de acceso a la información pública que le dé más transparencia a la gestión. Aquí están sus diputados y senadores nacionales que van a apoyar. Todos queremos esto, todos queremos vivir con la tranquilidad de que con nuestro esfuerzo, que son los impuestos que pagamos, se está sacando el máximo provecho para que podamos tener el mejor futuro”.
Gesto adusto
Manzur recibió el pedido del Presidente de pie a su lado, en el sector de “El Bracho” donde tuvo lugar el acto. El ex ministro de Salud kirchnerista (2009-2015) no gesticuló: apenas endureció la expresión del rostro y, luego, se tocó ligeramente la frente, como si hubiese experimentado una molestia. Y mantuvo la postura seria durante el resto del discurso de Macri: fue un contraste pronunciado puesto que el mandatario tucumano había llegado sonriente, y “mimado” a la máxima autoridad del país con palabras hospitalarias y positivas (se informa por separado). En su turno, Manzur evitó toda confrontación, y ni siquiera insinuó las tensiones existentes con la Nación por la supresión del Fondo Soja y los recortes proyectados para el presupuesto de 2019.
Pedido antiguo
La invitación de Macri y de miembros de su gabinete para que Tucumán se sume a las políticas de transparencia viene de los inicios de la administración de Cambiemos. La petición específica de una normativa de acceso a la información pública se intensificó luego de que el Congreso de la Nación sancionara la Ley 25.275, que data del 14 de septiembre de 2016. Esta norma garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la esfera nacional; promueve la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y se funda en los siguientes principios: presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, “in dubio pro petitor” (la duda favorece al peticionario), facilitación y buena fe.
La situación legislativa local
Pese a las numerosos proyectos de ley presentados por opositores y oficialistas, y a las promesas del propio Manzur, Tucumán carece de una norma que establezca el acceso a la información pública provincial. En los hechos, cada institución estatal establece sus estándares de publicidad y en numerosos organismos impera todavía la regla del secretismo, como sucede, por ejemplo, en la Legislatura respecto de las decisiones administrativas y de algunas deliberaciones en las comisiones, y en el Ministerio Público Fiscal en cuanto a las resoluciones que emite su titular. La Provincia tampoco dispone de una ley de ética pública que garantice el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios: la norma de 1973 que regula este asunto (N° 3.981) incluso consagra el secretismo y penaliza su transgresión. El artículo 6 excluye la posibilidad del control ciudadano al preceptuar: “las declaraciones juradas (de los funcionarios públicos) se presentarán en sobre cerrado, lacrado y firmado, y tendrán carácter secreto, pudiendo sólo ser abiertas en los casos de investigaciones por enriquecimiento ilícito; de pedidos de representantes o sucesores legales del declarante y por requerimiento del juez o autoridad competente”. Los funcionarios públicos nacionales están obligados a detallar su patrimonio cuando ingresan a su cargo, en forma anual mientras permanecen en él y al retirarse por imperio de la Ley 25.188, de Ética de la Función Pública (1999).
Judicializaciones
La inexistencia de una normativa específica para acceder a los datos relativos al manejo del Estado y de los recursos públicos dio pie a la promoción de una serie de juicios en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En 2016, la Sala III ordenó al Estado la difusión de información detallada sobre la construcción de la sede del Poder Legislativo en el ámbito de un pleito iniciado por el abogado y dirigente radical Juan Roberto Robles (la sentencia no está firme porque la Corte Suprema de Justicia de Tucumán aún no se expidió al respecto). Aquel mismo año, el legislador radical Eudoro Aráoz exigió el acceso a los datos atinentes a los gastos sociales distribuidos en forma discrecional por la composición anterior de la Legislatura: el proceso está en trámite en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El semestre pasado, el legislador radical José María Canelada inició un proceso en la Sala III para conocer la planta de personal de la Junta Electoral Provincial (JEP) invocando la sentencia de Robles. A poco de andar, Canelada consiguió su objetivo puesto que, en sede judicial, la JEP le facilitó los datos que antes le había denegado en la faz administrativa. El informe entregado a Canelada reveló que el plantel aumentó el 45% desde los comicios de 2015 y que entre los agentes incorporados -sin concurso- estaba María Belén Jaldo, hija del vicegobernador Jaldo, que entró con el cargo de prosecretaria “C”.
Anuncio en el Bicentenario
Dos semanas después de que el Poder Legislativo nacional sancionara la Ley de Acceso a la Información Pública, el 28 de septiembre de 2016, el gobernador Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo se comprometieron a adherir a la norma en una reunión con directivos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), quienes sesionaban en esta provincia con motivo de la celebración de los 200 años de la Declaración de la Independencia. En esa ocasión, Jaldo dijo: “como Provincia y como Poder Legislativo venimos tomando decisiones en ese sentido. Nos venimos preparando desde el punto de vista parlamentario y administrativo. Ya estábamos trabajando, hay gente viendo cómo fue sancionada la norma nacional. Lo que hagamos estará en consonancia con lo que hizo la Nación para adecuarla a las particularidades locales”. Manzur añadió: “está la decisión del vicegobernador y lo voy a acompañar. Es saludable, nos hace bien a todos”.
Un oficialista sube la apuesta
Hacia noviembre de 2016, la idea de la adhesión ya había sido dejada de lado por el oficialismo local. “La ley nacional es muy buena, pero nos entusiasma armar una propia, que sea más ambiciosa”, dijo Pablo Yedlin, entonces secretario general de la Gobernación y hoy diputado justicialista. El funcionario comunicó el cambio de criterio en el “Congreso Internacional de Derecho: Bases y Principios para la Justicia de Futuro en Homenaje a Juan Bautista Alberdi”.
Reproche en plena campaña
Terminó el año del Bicentenario y con él el entusiasmo por colocar a Tucumán en el mismo plano que la Nación en materia de acceso a la información pública. Esa “deuda” salió en forma recurrente durante la campaña para las elecciones de medio término. En julio de 2017, durante un acto de la Juventud de Cambiemos en la Residencia Universitaria de Horco Molle, Macri dijo: “recién estuve con los familiares de víctimas de la impunidad en Tucumán. Necesitamos que haya justicia, contra eso luchamos: contra la injusticia, la corrupción y la resignación. La Provincia no ha ratificado el ley de acceso a la información pública, por eso tenemos que exigir al gobernador (Juan Manzur) que diga qué hace con el dinero de los tucumanos. Tiene que rendir cuentas: en Tucumán hay mucha pobreza y queremos saber si están usando (los recursos) para reducirla y generar oportunidades”. En agosto, durante una entrevista con un medio local, el presidente Macri arremetió una vez más. “Manzur arrancó, por conveniencia, en una actitud más abierta hacia lo que le comentábamos, (ya que) todo lo que hacíamos le favorecía, pero, cuando uno le pide hacer una reforma política, poner todo en internet, adherir a la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), a la Ley de Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme), no adhiere”, expresó el jefe de Estado. Y añadió: “Tucumán necesita más que nunca un cambio transparente. (Queremos) que deje atrás su sistema feudal”.