El Estado tucumano tuvo no una sino abundantes oportunidades de evitar que la usurpación de una superficie aproximada a 9 hectáreas ubicada en el Camino del Perú al 1.600 (San Miguel de Tucumán) terminara costándole una fortuna, según la demanda que presentó El Tuyango SA, la empresa que adquirió el fundo ocupado por menos de $ 250.000 o U$S 75.000 de 2005, y que ya logró una sentencia a su favor (se informa por separado).
“El Gobierno reconoció, auspició y convalidó la ocupación ilegítima del predio”, dijo la firma de Ricardo Quintana, ex interventor de la Caja Popular de Ahorros durante el Gobierno de Ramón Bautista Ortega, por medio del abogado Roberto Toledo -también funcionario de esa gestión-.
El letrado aseguró que la gestión de José Alperovich se opuso de manera enérgica al desalojo ordenado por la jueza Emma De Nucci. Toledo manifestó que fueron varios e insistentes los argumentos del entonces fiscal de Estado, Antonio Estofán, para diferir el lanzamiento y que, en esas circunstancias, el dueño anterior del fundo, Santiago Omar Suárez, suscribió con aquel funcionario un acuerdo el 20 de mayo de 2004 para frenar la medida por 60 días corridos.
“Desde la firma del convenio se sucedieron innumerables hechos, promesas, reuniones, dilaciones, pretextos, y actuaciones administrativas y judiciales sin que la Provincia haya cumplido las obligaciones asumidas. Al contrario, ha tenido una actitud refractaria a la desocupación y absolutamente encaminada a la consolidación de la usurpación hasta el punto de que los inmuebles hoy conforman un barrio (el “11 de Enero”) con calles abiertas y disposición de todos los servicios públicos”, expresó el abogado.
Toledo consideró que los hechos sólo podían explicarse a partir de la decisión consciente de los poderes públicos de incumplir el acuerdo: “no quisieron desalojar a los intrusos y alentaron la permanencia de más de 300 familias que usufructúan los bienes de El Tuyango SA con la complicidad dolosa del Estado”.
La demanda consigna que la Ley 8.808 corroboró tardíamente la posición del propietario del inmueble; que este intentó llegar a un arreglo extrajudicial y que incluso ofreció una salida muy ventajosa a Alperovich, días antes de que este abandonara el Poder Ejecutivo, pero la oferta tampoco funcionó. Y así se llegó al fallo de la jueza Viviana Gasparotti de Yanotti que establece que el Gobierno ha de desembolsar un mínimo de $ 25,6 millones a El Tuyango SA.
“La firma compró las tierras muchos años antes de iniciar el pleito”, comentó Toledo este viernes. Y añadió: “el Estado tuvo en sus manos la posibilidad de arreglar la disputa por un tercio de la suma que fijó la Justicia y no lo hizo. Esa opción permaneció abierta hasta hace relativamente poco tiempo, como consta en un expediente administrativo. Es un típico caso de irresponsabilidad de las autoridades y de dilaciones que, luego, terminan saliendo caras a la sociedad”.