A María le quedaron marcados en el cuerpo los comentarios y el desprecio de parte de un grupo de padres, que estaban empecinados en que su hijo no recibiera demasiada atención de la maestra. En ese momento, hace tres años, el niño cursaba primer grado en un reconocido colegio religioso del centro tucumano -al que todavía asiste-. Poco antes de terminar el segundo trimestre comenzaron, en el grupo de WhatsApp, las observaciones de las mamás. Allí expresaban que la docente le restaba calidad educativa al resto de los alumnos cuando intentaba integrar al pequeño, que había sido diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA).

Hasta la vereda del colegio era escenario del menosprecio. Y aunque María está muy agradecida con la institución, este año pasó lo que se preveía: los padres del tercer grado pidieron la destitución de la maestra y ella fue alejada del cargo. “Me dolió en el alma”, dice la joven mamá, y no puede evitar que las lágrimas rueden por su rostro.

El de María es el testimonio de algo que les sucede a muchas madres de chicos con capacidades especiales. Salvo algunos casos, la mayoría debe golpear demasiadas puertas y luchar para que en las escuelas y colegios inscriban a sus hijos (por ley están obligados a hacerlo). Cuando lo logran, deben aprender a esquivar los comentarios, los susurros y las caras desafiantes de otros padres, que sienten que la educación de los suyos se ve perjudicada a causa de la integración.

Es algo que también conocen a la perfección las maestras integradoras. Por eso no se sorprendieron -aunque sí se indignaron muchas de ellas- hace unos días, cuando se enteraron del caso de un grupo de madres que festejó por WhatsApp cuando un chico de segundo grado con síndrome de Asperger fue separado de sus compañeros en un instituto de Buenos Aires.

Celina Paz, maestra especial, sostiene que el principal enemigo de la integración educativa de chicos discapacitados es la ignorancia. “Si bien hay más compromiso e interés de las instituciones, las docentes no están preparadas y lamentablemente no hay suficientes maestras integradoras. Para esto se necesita muchísima vocación; es un trabajo que exige dedicación y entrega, y la paga no es buena”, resume.

Según su experiencia, hoy integran más las instituciones privadas que las públicas, ya que en este último caso tienen muchísima demanda. “Claro que a los privados acceden los que tienen obra social o recursos para pagar una maestra especial”, señala. En muchos casos -cuenta- los colegios aceptan alumnos con discapacidades porque tienen la obligación legal de hacerlo, pero después no hacen nada por incluirlos.

En números

Desde 2008, a partir de la sanción de la ley 26.378, Argentina reconoce el derecho de los niños, adolescentes y adultos con alguna o varias discapacidades a una educación inclusiva en todos los niveles. Como consecuencia, desde hace una década la inclusión se incrementó más de un 50% en las escuelas, según la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece).

Según el último informe de esta entidad, hay 805 chicos y jóvenes tucumanos que padecen discapacidades y asisten a escuelas. La cifra es mínima si se tiene en cuenta que hay aproximadamente 7.500 niños y jóvenes con certificado de discapacidad, de acuerdo con el último estudio que realizó sobre el tema la demógrafa Nora Jarma. Ese mismo trabajo revela que en 2009 había sólo 348 chicos discapacitados que estaban integrados en escuelas. Otros 2.519 iban a establecimientos primarios especiales, mientras que un mínimo porcentaje asistía a la secundaria.

Claves

El último informe de Unicef, de 2013, precisa que sólo el 15% de los jóvenes con discapacidad asisten a una escuela común. Cuenta Celina Paz que esto se debe a que el aprendizaje en este nivel se hace mucho más complejo y muchos padres buscan otras opciones, como talleres o intituciones de educación especial.

“No está ni bien ni mal. Creo que hay que ver cada caso, sobre todo que la integración no signifique un sufrimiento para el joven. En la secundaria los intereses cambian significativamente”, resaltó.

Capacitar más recursos humanos en el tema de integración escolar y adaptar la parte edilicia de los establecimientos, además de exigir a quien corresponda que se haga cargo de la presencia de un docente integrador en cada caso. Esas tres cosas son fundamentales -según consignan el estudio de Jarma, los padres y los docentes integradores- para seguir avanzando en la inclusión de los chicos y jóvenes discapacitados.