1- En agosto de 2005, Gendarmería descubrió 12 toneladas de alimentos en mal estado depositados en una finca de Burruyacu perteneciente a Joaquín Ferre, secretario de Desarrollo Social en aquel momento.
2- Durante la investigación, el Ministerio Público concluyó que la mercadería hallada en mal estado había costado $ 5.922,80, y que esta consistía en 18.180 paquetes de polenta "Bonillo" y 300 paquetes de trigo "La Española", entre otros productos.
3- El juez federal Nº1 de Tucumán, Daniel Bejas, afirmó que la polenta y el trigo debían ser entregados a niños de hasta 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos sin recursos, y que la ejecución del plan alimentario tenía carácter prioritario (en 2001, Tucumán había sido noticia en todo el mundo por los casos de desnutrición infantil).
El escándalo de la polenta podrida vuelve a cero, 12 años después
4- El caso de la polenta en mal estado opacó la carrera de Joaquín Ferre, ex secretario de Desarrollo Social, e incomodó a Beatriz Mirkin, entonces secretaria General de Políticas Sociales (y actual senadora nacional).
5- La Justicia Federal sólo encontró motivos para procesar a dos estatales: Hugo Andrés Gatti, subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, y Héctor Ángel Lobo, ex encargado del depósito de la secretaría de Políticas Sociales. Bejas dijo que la custodia de tales alimentos correspondía a ambos.
6- El entonces gobernador, José Alperovich, separó de su cargo a Ferre y a media docena de colaboradores.
Se habla de delitos de malversación y de estafa al Estado
7- El 30 de junio de 2011, la Justicia Federal de Tucumán ratificó que era competente para juzgar a Gatti y a Lobo como los presuntos responsables.
8- El 11 de agosto de 2017, cuando faltaba un mes para que estos enfrentaran el juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) volvió a revisar de oficio la cuestión de la competencia y resolvió que el caso es de la incumbencia de la Justicia provincial.
9- El TOF se desligó del expediente con los votos de los camaristas Gabriel Casas y Enrique Jiménez Montilla, quienes consideraron que la comida había sido adquirida con fondos nacionales que habían ingresado al erario provincial y cuya ejecución debía ser controlada por los órganos locales, como el Tribunal de Cuentas y los Tribunales ordinarios.