La denuncia judicial contra el edil Alejandro Figueroa por un presunto abuso sexual estremeció el Concejo Deliberante de la capital. “Todo esto es una operación política basada en el oportunismo, por la cercanía de las elecciones. No sé a qué oscuros intereses obedece todo esto”, rechazó lacónicamente el peronista, secretario de la bancada Tucumán Crece-PJ.

Esta semana trascendió que un joven de 25 años, JLC (se preserva la identidad por la índole de la demanda), denunció el 5 de julio que el concejal Figueroa lo habría desnudado y manoseado en su despacho. Según el expediente, a cargo de la fiscala de I° Nominación Mariana Rivadeneira, JLC se habría desempeñado como empleado del bloque Frente para la Victoria hasta noviembre de 2016. Durante los tres años que duró el vínculo laboral, la víctima explicó que se habría desempeñado en tareas administrativas en una sede social que el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalezzi, tendría en Alem y La Plata (su hermana, Elena Cortalezzi, fue concejal entre 2011 y 2015). “Allí cumplía con tareas administrativas en la organización de las cooperativas. Durante ese tiempo fui acosado sexualmente por Figueroa, que se desempeñaba como secretario de Cortalezzi”, se consigna en el documento. Siempre de acuerdo a la denuncia, JLC habría sido citado a una reunión el 27 de junio para un nuevo ofrecimiento laboral en el Concejo. En ese encuentro habría sido manoseado por el edil.

Figueroa explicó que se encontraba dolido por el tenor de la acusación y que no deseaba realizar más declaraciones.


Silencio, cautela y recelos

Ninguno de los compañeros de bancada de Figueroa realizaron declaraciones a raíz de la denuncia. Ediles del bussismo, de Restauración Peronista (opositores al intendente Germán Alfaro) y del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), coincidieron en que la Justicia debe investigar el hecho.

“Me siento mal por tanto escándalo, me llevaré por lo que diga la Justicia. Espero que nunca más haya esta clase de denuncias. Me dan ganas de salir corriendo, pero hay que dar la cara. Me da bronca. Está desprestigiado (el Concejo), esto es mas o menos para que nos vayamos todos”, expresó el presidente del cuerpo, el peronista Javier Aybar. Aseguró que convocaría a una reunión con todos los concejales para definir una postura.

De acuerdo a información del Concejo, JLC se desempeñó como empleado de bloque del FpV entre el 1 de agosto de 2012 y el 1 de septiembre de 2015. Se le dió de baja, junto con los empleados de bloque de la anterior gestión, por el decreto 623/15. La designación había sido solicitada por Elena Cortalezzi.

“Me parece horroroso. Es muy triste que sucedan situaciones así. No creo en la política del golpe por golpe, no consideramos que deba sacarse rédito político de situaciones así”, consideró José Francisco “Lucho” Argañaraz (ApB). Sandra Manzone, su compañera de la bancada, coincidió con Argañaraz: “tomamos conocimiento a través de lo que se divulgó en los medios. Es una situación penosa que atraviesa el cuerpo”.

José María Franco, del bloque Restauración Peronista, renegó de que la denuncia pueda tener un interés político. “Es una denuncia muy fuerte. Es lamentable que se instalen este tipo de cosas en época de campaña, con el solo afán de conseguir votos sin entender que se destruye una familia”, disparó el edil. Y agregó: “es una vergüenza si Cambiemos es partícipe de este tipo de campañas, que tanto criticó en 2015. Cuando la Justicia llegue a la verdad este Concejo estará a la altura”.

Desde el bussismo pidieron cautela. “Hay una investigación en marcha, sobre la que deberá expedirse la Justicia. Debemos ser cautos, prudentes. Es una acusación delicada. Si es cierto, es de una gravedad supina. Habrá que analizarlo. Es un hecho tremendo que se denuncie un abuso dentro de una institución pública”, dijo Eduardo Verón Guerra. “Es un espanto, un horror que se produzcan denuncias así de esta gravedad”, condenó Ricardo Bussi.