El diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación Federal Julio De Vido fue procesado hoy por supuestas irregularidades en los subsidios a las empresas de colectivos y recibió un embargo de 1.000 millones de pesos.
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Así lo informaron hoy fuentes judiciales y añadieron que el juez federal Claudio Bonadio también procesó a los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. A esta lista se suman los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
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Para ellos, el magistrado también mandó a trabar distintos embargos, de hasta $ 900 millones.
Estos son los puntos principales de la decisión de Bonadio:
1- Los autores de la maniobra, según el fallo, incurrieron en los supuestos delitos de "defraudación contra la administración pública" y "administración fraudulenta".
2- Ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($ 609.326.186,25)".
3- "Durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían", consignó el magistrado, según reprodujo la agencia DyN.
4- Los procesados "pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados".
5- Bonadio estableció que "este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes".
6- Además, el juez dictaminó que "la maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014".
7- En esta causa se investigan los subsidios que los gobiernos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández entregaron a las empresas de transporte automotor para ayudarlas a afrontar los costos de combustible, a cambio de que no subieran el precio de los pasajes.
8- El mecanismo se ponía en marcha con una mera declaración jurada a la Secretaría de Transporte por parte de las empresas, que cuantificaba cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros. La CNRT tenía que controlar que esos datos fueran veraces o no.
9- Cuando declaró en indagatoria, el 23 de junio pasado, De Vido negó haber tenido competencia en el otorgamiento de los subsidios y aseguró que eso correspondía a la Secretaría de Transportes y a la CNRT.
10- El ex funcionario negó que haya habido ilícitos en la entrega de aquellos beneficios monetarios a las compañías de transporte, al asegurar que los responsables de la Secretaría y la CNRT "ya se han presentado (en el juzgado) y han demostrado la regularidad de su actuación". Aseguró además que el sistema de determinación y otorgamiento de subsidios a colectiveros fue creado con anterioridad a su llegada al Ministerio de Planificación e Infraestructura en 2003 y afirmó que sigue durante la actual gestión del Ministro de Transporte Guillermo Dietrich.