Entre la última semana de diciembre de 1986 y los primeros días de enero de 1987 se libró una auténtica guerra entre los brazos que constituían la Legislatura bicameral. La ley de Presupuesto para 1986 era el objeto de la disputa.

Diputados y senadores usaron al máximo las facultades que les reconocía la Constitución de 1907. Técnicamente discutieron una rendición de cuentas porque el ejercicio fiscal estaba vencido. En términos políticos, se ventilaba una puja de poder entre las dos cámaras. La agenda política de esas jornadas registró además los primeros movimientos para el año electoral.

La gobernación y los cargos legislativos estarían en juego en septiembre. Entró al ruedo la hipotética postulación de Antonio Domingo Bussi para gobernador -impulsada desde Bandera Blanca-, mientras que Osvaldo Cirnigliaro y José Domato se perfilaban en el peronismo para suceder a Fernando Riera. Este jugó sus fichas con Domato, su hombre de confianza.

Pesos y cargos

El 23 de diciembre, el Senado aprobaba, por primera vez, la ley de gastos y recursos de 1986. Se admitía un déficit de 44.593.000 de australes, con erogaciones por 44.593.000 de esa moneda.

Carlos Arias (PJ), titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, apuntó que se había rechazado la incorporación de 1.484 agentes para el Siprosa y 630 para Dipos.

Se crearon 359 cargos para el Poder Judicial, 70 para el Tribunal de Cuentas, además de otros para Previsión Social. Ramón Martínez (UCR) advirtió la enorme cantidad de obras programadas para Leales y objetó las desprolijidades presupuestarias. Por su lado, el radical reformista Guido Pérez preguntó cuántos empleados revistaban en planta permanente, porque el pueblo debe saberlo. Arias contestó: 35.569.

En Diputados, el tema se trató el 30 de diciembre. Néstor Varela (PJ), titular de la comisión de Hacienda y Presupuuesto, se quejó: nos pusieron entre la espada y la pared. La ley con media sanción del Senado había ingresado en la Cámara el 24. Si no se lo aprueba, la provincia quedará inmovilizada, precisó. A su vez, Armando Neri Santillán (U(CR) calificó a la ley de cantar de los cantares de la irresponsabilidad. La cámara redujo partidas para algunas reparticiones y la giró en primera revisión al Senado. Mario Courtade (UCR) aseveró: el Senado no comprende la situación económica que vive la provincia.

Carrera desbocada

La puja entre diputados y se activó entre el 2 y el 10 de enero del 87. El Senado ratificó la media sanción que había dado a la ley y la devolvió en revisión a Diputados. Radicales y peronistas, por encima de sus diferencias parciales, pretendían hacer valer la preeminencia del Senado como cámara iniciadora. Así fue como la ley quedó definitivamente sancionada por la insistencia del Senado, luego de que cada cámara agotara el número de pedidos de revisión. El diputado peronista Alejandro Sangenis alertó en una de esas sesiones que el sistema se desprestigiaba en beneficio de los que vivaban a Bussi en las marchas callejeras.

Delitos y política

El asesinato de dos Gardelitos generó una polémica entre el siputado Raúl Penna (PJ) y el Poder Judicial. El político se quejó de la pasividad policial y de las autoridades de la Justicia que pasaban de la mano con los rufianes por la calle.

La Corte Suprema de Justicia emplazó por el término de tres días para que ratificara o rectificara sus dichos. El diputado rechazó la demanda del alto tribunal amparándose en sus fueros, aunque negó haber acusado a todos los jueces.