Un proyecto sobre “intervención lnstitucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género” fue presentado esta semana en la comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán.
“En la Universidad tenemos conocimiento de problemas de este tipo y hay que dar el marco apropiado para proteger a las víctimas”, explicó Adela Seguí, decana de Derecho y autora del proyecto. Hace referencia a la denuncia que a mediados de octubre presentaron cuatro mujeres por acoso laboral y sexual en contra del secretario de Asuntos Estudiantiles, Sergio Aragón.
Seguí remarcó, además, que en el nuevo preámbulo -de lo que será el futuro estatuto- la UNT se compromete con los tratados de derechos humanos sobre violencia y discriminación contra las mujeres. “Las mujeres, cualquiera sea su edad, y debido a complejos factores de tipo cultural e histórico constituyen la población mayormente afectada por esas formas de violencia y discriminación”, se señala en parte de los fundamentos del proyecto.
La discusión de un proyecto de este tipo se da en un contexto especial en el país y en la provincia. El movimiento #NiUnaMenos ha develado y ha masificado un reclamo que estaba oculto. El 15 de noviembre, la UNT distinguió como visitante ilustre a Dubravka Simonovic, relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer. Durante su charla, la funcionaria internacional destacó la importancia del #NiUnaMenos. Luego participó de una mesa con mujeres de distintas agrupaciones. “La violencia institucional nos preocupa mucho. Una mujer que sufre violencia acude a una institución pública y es ‘revictimizada’”, mencionó una de las mujeres ante la funcionaria.
El proyecto de protocolo ofrece un relevamiento de todas las convenciones y leyes que abordan el tema de la violencia de género (en todas sus manifestaciones). Además, destaca que la UNT, encargada de la “formación y el desarrollo integral de las personas” debe generar ámbitos de trabajo y estudio “respetuosos con la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales”. Este protocolo -que seguramente se discutirá el próximo año- prevé que el órgano responsable de la aplicación sea el Consejo Superior de la UNT.