El oficialismo del Poder Legislativo, con el apoyo del dirigente sindical Eduardo Bourlé (bloque Trabajo y Dignidad) y la sorpresiva ausencia de un sector de la Unión Cívica Radical (UCR), sancionó ayer el proyecto del Poder Ejecutivo (PE) que solicitaba una ampliación al Presupuesto General de la Provincia 2016, de ejecución en curso.

Con la incorporación de unos $ 3.310 millones que llegarán desde la Nación por la devolución paulatina del 15% de la coparticipación federal, los recursos disponibles hasta fin de año pasarán de unos $ 42.100 millones a unos $ 45.410 millones. Según el titular de la comisión de Hacienda, el peronista Juan Antonio Ruiz Olivares, “prácticamente el 100% (de los nuevos fondos) va a sueldos (de la administración pública”. “Lo peor que se puede hacer es no pagar las planillas salariales”, afirmó el oficialista.

Opositores cuestionaron que la iniciativa no contenía los detalles de las erogaciones previstas, y advirtieron que tampoco se había girado un informe de ejecución del presupuesto 2016.

Ruiz Olivares destacó que el dinero entrante es producto del convenio rubricado por el gobernador, Juan Manzur, y la Nación para el reintegro de fondos coparticipables. También incidió lo recaudado tras el régimen de facilidades de pago aplicado por Rentas. Señaló el destino de algunas partidas; entre ellas, los $ 361 millones que irán a municipios y a comunas y los $ 2.933 millones “que van directamente para sueldos”.

El experimentado radical Rubén Chebaia, secretario de la comisión de Hacienda, había firmado un dictamen de minoría en rechazo de la medida financiera. El ex intendente capitalino recordó que se había opuesto al convenio con la Nación por el reintegro de fondos coparticipables debido a que consideraba que a la Provincia le correspondía en realidad más dinero del que se estaba reconociendo. Calificó de “conservadora” la gestión económica de Manzur, aunque aclaró que la situación financiera provincial es una de las “más sanas” del país. “Lo que no entiendo todavía es por qué no atendemos a los jubilados, teniendo superávit fiscal”, remarcó el opositor.

Le siguió el vicepresidente de la comisión de Hacienda, Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario), quien se quejó porque se estaba enterando en el recinto sobre algunos detalles de las erogaciones previstas. Cuestionó además que los fondos sean utilizados para salarios y no para “dinamizar la economía”, por ejemplo, a través de la obra pública. “No podemos tampoco esperar inversiones si la Provincia no ofrece seguridad jurídica”, expresó, e instó a que se disminuya la presión fiscal.

El macrista Alberto Colombres Garmendia (bloque PRO-Cambiemos) exigió “transparencia” y que “se dé publicidad de cómo se gastan los recursos”. Propuso luego que la iniciativa fuera devuelta a la comisión de Hacienda. “Que se adjunte el desglose de los $ 3.310 millones, en qué van a ser gastados. Creo que de esa forma podemos tratarlo”, afirmó. Y añadió: “quien vote a favor de este proyecto puede, sin quererlo, terminar siendo cómplice de un mal uso de ese dinero; hay que mandar un mensaje claro al PE sobre que este tipo de partidas sin destinos específicos no pueden ser nunca más avaladas por la Legislatura”.

Bourlé se mostró a favor de “defender los puestos de trabajo”, y consideró que la ampliación “garantiza la gobernabilidad”. A la vez, instó también a que se tenga en cuenta el pago del 82% a los jubilados transferidos. Un reclamo similar formuló el radical Eudoro Aráoz. “Sería muy importante que se apruebe esa reparación histórica”, señaló el abogado. Ruiz Olivares se mostró a favor de analizar la cuestión. “Vamos a pedir los informes (al PE)”, se comprometió.

Al tratarse el tema, el vicepresidente 2° de la Cámara, el radical Ariel García, salió del recinto junto a sus correligionarios Raúl Albarracín y Fernando Valdez. En sus bancas quedaron los demás miembros del bloque UCR, José Canelada (titular de bancada), Adela Estofán, Aráoz y Chebaia. La votación terminó 30 a favor contra nueve en contra, y evidenció la interna en el armado radical.