En estos tiempos electorales, la política está mostrando su cara más oscura. A las agresiones constantes entre los candidatos, se suman las herencias “malditas” que reciben los que han sido electos para ocupar cargos públicos. Los incidentes en Concepción han convertido una vez más a Tucumán en una vergüenza nacional. Un grupo de manifestantes cercó virtualmente la Municipalidad e impidió la salida del nuevo intendente, Roberto Sánchez, y de varios de sus funcionarios. Durante la siesta de ayer, tras más de 12 horas de encierro, el jefe municipal pudo retirarse custodiado por la Policía.
En los últimos días de su administración, el intendente saliente, Osvaldo Morelli, designó en la planta permanente a alrededor de 470 personas. Su sucesor derogó los decretos de los nombramientos, argumentando que se colocaría al municipio en una difícil situación económica. La medida que se concretó el 5 de noviembre, se anularon los decretos N° 194, 230, 237, 133 y 294, firmados por Morelli. Las incorporaciones se habían concretado entre abril y octubre pasado. Los trabajadores cesanteados iniciaron una protesta con quema de cubiertas frente a la sede municipal. Días antes, cuando Sánchez debía asumir a su cargo, su vivienda fue atacada por desconocidos, con bombas de estruendo, sin que se hubiesen registrado heridos ni daños materiales.
Pero no sólo el intendente de Concepción recibió la brasa en la mano de su antecesor. Algo similar le ocurrió al jefe municipal de Yerba Buena, Mariano Campero. Antes de concluir su mandato, Daniel Toledo nombró en la planta permanente a 492 personas. A tal efecto, se formará una comisión para revisar las designaciones. En la ciudad de Famaillá se registraron ayer protestas. Alrededor de 50 empleados contratados que fueron dados de baja, quemaron cubiertas frente a la sede municipal para pedir su reincorporación.
Esta modalidad de los gobernantes salientes de designar empleados contratados, antes de expirar su mandato, viola la ley 5.473, referida al estatuto para el personal de la administración pública de Tucumán. Su artículo 41 señala: “el personal de gabinete será afectado a la realización de estudios, asesoramiento, o tareas específicas y no se le podrá asignar funciones propias del personal permanente. Este personal cesará automáticamente al término de la gestión de la autoridad en cuyo ámbito se desempeñe”. Y el artículo 43 indica: “el personal transitorio será destinado exclusivamente a la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no puedan ser realizados por personal permanente, no debiendo cumplir tareas distintas a aquellas para las que haya sido designado”.
Esta práctica demagógica causa un gran perjuicio al erario, y constituye un obstáculo para el nuevo gobernante que debe hacerse cargo económicamente de personal que seguramente no necesita y en el caso de darle de baja, se le genera un conflicto social al comenzar su gestión. Se trata, por cierto, de prácticas deleznables de las que deberían hacerse cargo quienes las promovieron. En pro de la transparencia, se deberían incorporar normas que castigaran con severidad este tipo de acciones de la clase gobernante que fomentan no solo la empleomanía, sino también el nepotismo, denigran la política y atentan contra el bien común y la democracia.