Un reciente operativo de la Gendarmería Nacional contra el tráfico de mercaderías provenientes de Bolivia reactualizó el debate en la opinión pública sobre una cuestión que no deja de alarmar: el contrabando. La crónica detalló que los agentes de la seguridad fronteriza, con el apoyo de la Policía provincial, debieron emplearse a fondo para desbaratar una carga ilegal de ropa, calzado y juguetes cotizados en más de $ 1 millón, que procedía de Bolivia.

El cargamento era trasladado por personas que se identificaron como comerciantes, quienes sin embargo intentaron eludir los controles y el procedimiento policial tomando un camino alternativo, aunque fueron finalmente detenidos: la mercancía fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia Federal y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

No es la primera vez que los que transportan mercadería ilegal buscan por todos los medios eludir la vigilancia, el control y la requisa de Gendarmería y la Policía de Tucumán; el celo y el compromiso en el servicio puesto en la ocasión por los agentes de seguridad fue determinante en la obtención del resultado señalado.

Pero aquel no fue un hecho aislado: se conoce también la existencia de los “tours” de compra que emprenden individuos dedicados a la compra y ventas de productos en general que trasiegan mercaderías desde las zonas fronterizas del vecino país. Un caso que quedó en los archivos policiales y en la memoria periodística por su espectacularidad, y que ocurrió en junio de 2014, fue bastante representativo de este dramático panorama.

Una caravana de entre 30 y 40 vehículos, formada por autos y ómnibus, forzó un control montado en conjunto por Gendarmería y la Policía de la provincia en la zona de Ticucho, a 30 kilómetros al Norte de San Miguel de Tucumán, sobre la ruta 9. En esa ocasión, el control derivó en enfrentamientos: hubo 10 detenidos luego de que los comerciantes arrojaran piedras contra los efectivos de seguridad, que secuestraron dos colectivos y una camioneta cargados de productos de contrabando.

Esos operativos que se distribuyen en la zona de Trancas, a lo largo de la Ruta 9, tienen el objetivo de redoblar la vigilancia sobre una práctica a todas luces ilegal y desleal para la actividad económica y laboral legalmente constituida y asimismo gravosa para el Estado por la evasión impositiva que conlleva.

Se conoce cabalmente que el contrabando es una de las fuentes principales de abastecimiento del comercio informal; una práctica contra la que los estados nacional y provincial vienen enfrentándose con bastante poco éxito. Es que las estadísticas señalan que Tucumán y el Norte del país son zonas donde la informalidad se enseñorea con el registro de valores de un 50 % del movimiento de las actividades económicas.

Aunque esa “economía en negro” que se origina con el tráfico ilegal desde Bolivia y desde otros países limítrofes, merece un particular y a la vez abarcador tratamiento por sus implicancias cada vez más nefastas sobre la calidad de vida, el consumo y el trasiego comercial responsable de nuestra población, no es menos cierto que la ciudadanía aguarda respuestas más integrales y de calado estratégico por parte de todos los gobiernos para resolver de una vez por toda una problemática social ilícita e irregular.