La propuesta de trasladar la cárcel de Villa Urquiza, y con ello liberar las 17 hectáreas donde está ubicada, para venderlas y que ese dinero sirva para financiar la nueva prisión recibió críticas desde la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural.
"La iniciativa de reconvertir las 17 hectáreas de la cárcel debe ser estudiada y pensar sin apresuramiento el destino de ese predio, que es un espacio con potencialidades infinitas; que no debe ser utilizado con el único propósito de sacar de él el mayor rédito inmobiliario, que puede cambiar el desarrollo urbano de su entorno", dice la nota firmada por Gabriela Lo Giudice, Silvia Rossi y Jorge Molina (en representación de la Unsta, la UNT y la UTN, respectivmente) presentada en la Legislatura y dirigida a Regino Amado
En la nota hacen constar que, según el artículo 20 de la ley 7500 y su modificatoria (ley 8465)- una vez que un bien ha sido Patrimonio Cultural e inscripto en el registro, "ni los particulares ni el Estado podrán transferirlo gravarlo ni enajenarlo total o parcialmente, ni podrá constituirse sobre el mismo derecho real o personal alguno, ni podrá asignársele una finalidad distinta a la declarada ni ser materialmente modificado, sin autorización expresa y fundada de la autoridad de aplicación, la que celebrará convenios con los propietarios o poseedores a los fines de su conservación y preservación".
"Desafectar un edificio de la Ley sin consulta a la Comisión, unilateralmente es un atropello que vacía la Ley y nos pone en el mismo lugar de los conflictos suscitados por las 16 marchas de reclamo populares del 2008", consigna el escrito, del que se envió copias a la Facultad de Arquitectura, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Colegio de Arquitectos.
La comisión no niega la necesidad de una nueva cárcel que contemple los derechos de los reclusos y fortalezca la seguridad, pero, insisten, no es necesario hacerlo debilitando o vaciando de sentido a otra ley.