El anteproyecto de reforma del Código Penal que, aún antes de ser tratado en el Congreso, ya provocó importantes cruces entre distintos sectores políticos, produciría cambios en 178 casos, donde las penas suben; 129 en que bajan; agregaría 85 nuevos delitos y haría que 14 desaparezcan, según precisó el abogado Gustavo Arballo.
Algunas de las reformas más relevantes son la eliminación de la figura de la condena a cadena perpetu, y la despenalización de la tenencia y el cultivo de drogas como el cannabis. El concepto de "peligrosidad" ya no tendrá vigencia, y la "asociación ilícita" solo será aplicable para delitos graves.
Los crímenes por violación tendrían un sentido más amplio: se considerará la felatio y los ataques sexuales en el matrimonio. Las empresas podrán ser responsabilizadas penalmente, se incorporan delitos informáticos y habrá un título específico para delitos ambientales, como el de contaminación. También se castigarán los ataques a la flora y la fauna.
La corrupción es uno de los aspectos centrales del proyecto. El "cohecho" o soborno internacional será incorporado al nuevo ordenamiento penal. Habrá nuevas variables del "peculado" (la sustracción de fondos públicos) como el "peculado de uso", cuando un funcionario utiliza en beneficio propio un servicio prestado por la administración pública, y el "peculado culposo" para quien no controla debidamente y permite el robo de fondos. También se prevén penas para los funcionarios que se aprovechan de información que no es de acceso público para obtener beneficios económicos. El Código incluye también el cohecho entre privados, común en operaciones bursátiles.
Otra propuesta tiene que ver con la calificación del delito de "aborto culposo", que se daría, por ejemplo, cuando una embarazada es asaltada y recibe un disparo y como consecuencia de la agresión muere el bebé.
El Anteproyecto fue elaborado por una Comisión convocada por decreto presidencial, compuesta por Ricardo Gil Lavedra (ex juez, ahora diputado de la UCR), María E. Barbagelata (del FAP), Federico Pinedo (del PRO), León Arslanián (ex juez, ex Ministro de Seguridad de la Provincia) y el juez de la Corte Raúl Zaffaroni. Robert Carlés cumplió el rol del jurista coordinador. (Especial)
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