Eduardo Robinson - Economista

Desde hace ocho años, Argentina enfrenta un significativo proceso inflacionario. Durante este tiempo, el Gobierno se limitó a negarlo, a firmar acuerdos y ejercer controles. Todos instrumentos ineficientes e ineficaces para resolver o, al menos, reducir el problema. En los últimos meses no sólo la inflación no ha cedido, sino que empezaron a evidenciarse con mayor nitidez sus consecuencias. Entre ellas, la puja distributiva. Es resultante de la inequidad y la pobreza que genera el regresivo impuesto inflacionario. Esto es, ante la evidente suba generalizada de los precios, nadie está dispuesto a quedar con ingresos rezagados. En ese sentido, la mayor o menor pérdida relativa en la participación del ingreso, depende del poder de negociación que tengan los sectores, en particular los sindicatos.

Lo cierto es que, ante la persistente suba de precios, ningún sector de la actividad económica está dispuesto a resignar pérdida de la capacidad salarial. Así, cuando un determinado sector obtiene subas salariales, por un determinado porcentaje, inmediatamente provoca la reacción de los otros sectores que no tienen ninguna intención de ceder participación relativa en el ingreso.

Es decir, la inflación alienta la puja distributiva. ¿Qué consecuencias tiene este efecto en la economía?

• Induce a la inestabilidad macroeconómica. Suben permanentemente los costos de producción, entre ellos los fiscales. El Estado tiene que contar con mayor cantidad de recursos para destinar a los incrementos salariales del sector público.

• Eleva la tensión social. Las protestas tienden a multiplicarse, lo que disminuye la productividad laboral. El asalariado está más preocupado por no perder su poder adquisitivo que en mejorar sus niveles de producción. Los acuerdos salariales tienen poca permanencia.

• Pérdida de competitividad, al resentirse el proceso inversor. Al reducirse el horizonte de planificación, las empresas están desalentadas para invertir, ya que no tienen perspectivas claras y eso impide proyectar negocios.

• Retroalimenta la inflación. Al inhibirse la inversión, no crece la capacidad productiva; así, no hay mayor oferta de bienes y servicios. Por lo tanto, los incrementos salariales, no basados en productividad, terminan alimentando la inflación.

• Se obstaculiza el crecimiento económico. Suponiendo que todos los sectores logren el mismo porcentaje de incremento salarial, ¿se resuelve el problema de la puja distributiva? No, porque el problema es que emparejar los aumentos implica suponer que todos los sectores tienen igual o similares niveles de productividad. Lo que no es real. Sin embargo, para descomprimir las tensiones sociales el Gobierno recurre a financiar los incrementos con más emisión de moneda, lo que genera más inflación y afecta el sistema de precios.

• ¿Se pueden aumentar generalizadamente el salario de todos los sectores en la misma proporción y mantener estables el resto de los precios? ¿Alcanza con esta medida para recomponer el equilibrio de los precios relativos? No, porque al emitirse moneda para financiar más gasto o subir impuestos lleva a distorsionar más el sistema de precios relativos. Los precios en la economía no cumplen su función que es reflejar la escasez relativa de los bienes y servicios. Por lo tanto, en lugar de disminuir crece la puja distributiva.

• La economía tiende a producir un proceso de ajuste endógeno. Si ningún sector resigna posiciones, puede resentirse el mercado laboral. Las empresas no demandan más trabajadores porque no expanden su capacidad productiva y no tienen forma de conocer la evolución de los costos laborales.

• Se exacerba la puja distributiva y se genera un inevitable proceso de ajuste. Por ajuste se entiende pérdida de poder de compra, debilitamiento del consumo o mayor pobreza.

• Los presupuestos, tanto del sector público como del privado, dejan de ser una herramienta de gestión porque se desactualizan en muy poco tiempo. Las permanentes negociaciones salariales desbordan los presupuestos.

¿Cómo evitar que este problema tienda a agudizarse? El único instrumento para atenuar los efectos negativos que tiene en la economía la puja distributiva es que disminuyan las expectativas inflacionarias. Si el Gobierno no toma medidas dirigidas a disminuir la tasa de inflación, no hay chances de frenar el tironeo distribucionista. Uno de los principales problemas que tendrá que encarar el gobierno en el próximo trimestre es un esquema creíble de disminución de la inflación, de lo contrario los problemas distributivos tenderán a agudizarse.

Salarios
Lo que implica la suba para las provincias

Cada punto de aumento salarial implica un gasto de $ 2.200 millones anuales, de modo que una suba del 30% llevaría el rojo fiscal de las provincias a $ 26.000 millones. Todos los caminos conducen al Gobierno Nacional, que debería asumir el rol de prestamista, no tan sólo prorrogando el Programa de Desendeudamiento, sino también aportando financiamiento fresco, advierte Economía & Regiones.

Deudas
La refinanciación

El aumento a policías se dio en un contexto de escaso margen para incrementar los recursos propios, ya que la mayoría de las provincias introdujo reformas tributarias en los últimos dos años, llevando la presión fiscal provincial a sus máximos históricos. De no mediar refinanciación, en 2014 las provincias deberán atender los servicios de la deuda reprogramada con la Nación, que le insumirían un gasto adicional de $ 10.000 millones.