El padre Justo Ilarraz sigue sin aparecer en público, pero en su defensa habló el abogado Jorge Muñoz. "En Entre Ríos no pueden comprobar nada y ahora quieren promover denuncias en Monteros", dijo Jorge Muñoz, el abogado de Justo Ilarraz, el cura que es investigado por la Justicia entrerriana por supuestos abusos cometidos a finales de la década del 80, cuando estaba a cargo del Seminario Menor de esa ciudad.

Muñoz rechazó la decisión del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos de enviar una comisión a Monteros, para investigar si allí se produjeron abusos sexuales cometidos por Ilarraz, similares a los denunciados en Paraná.

"Avanza ilegítimamente en jurisdicción y competencias que no le corresponden. Permitírselo implica la violación de preceptos constitucionales relacionados al juez natural y al debido proceso", expresó Muñoz, al adelantar que rechazarán una eventual investigación en Monteros, realizada por funcionarios judiciales entrerrianos.

El abogado manifestó que falta que se resuelva el planteo de prescripción de la acción penal. "Tanto la querella como el fiscal no pudieron comprobar mínimamente la presunta responsabilidad penal de mi defendido en los hechos denunciados", agregó.

Con su hermana
El paradero del padre Justo, como le decían en la parroquia de Monteros que encabezó hasta que estalló el escándalo a principios de septiembre, era incierto. Muñoz se ocupó de despejar cualquier duda, y confirmó que Ilarraz está en Tucumán viviendo en casa de una hermana, contenido por parientes y amigos. "Se halla en constante oración. Ahora está contenido espiritual y anímicamente. Pero al comienzo estaba destruido. Parecía que le habían caído 40 años encima. Esta situación lo afectó de manera muy grave; no es sólo su vocación; ha quedado como uno de los mayores pedófilos de la historia", comentó Muñoz.

El sacerdote pasa sus días recibiendo el apoyo de colegas y autoridades eclesiásticas. La primera semana luego de que se conocieron las denuncias de unos 50 abusos, Ilarraz viajó a Buenos Aires. "Pero regresó. Debe continuar en Tucumán por una cuestión procesal. Dejó asentado un domicilio en el cual debe permanecer", dijo el abogado. El principal problema del Padre Justo, según Muñoz, es la condena social. "Él supone que hay algo económico de fondo. Los que lo acusaron son chicos que estuvieron en contacto con él con posterioridad a los hechos denunciados. La situación lo desorbita. Incluso, se escucha que la querella ya puso números. Habría reclamos a la Iglesia de más de 200.000 euros por persona", afirmó.