Las denuncias por presuntas usurpaciones en El Cadillal involucraron en los últimos 10 años a funcionarios públicos y a referentes sindicales, según consta en notas publicadas en LA GACETA.

Si bien comenzaron unos años antes, a fines de 2002, el entonces fiscal de Estado, Benito Garzón, había pedido a delegados comunales que denunciaran ocupaciones. Paralelamente, había solicitado al Ministerio de Gobierno que iniciara acciones legales para relevar del cargo a la comisionada del lugar María Elena Venturelli, con el argumento de que en la zona se habían registrado irregularidades graves en la tenencia de lotes. Un año después, los abogados del Gobierno denunciaron a Venturelli en la entonces vigente Fiscalía Anticorrupción. La acusaron de haber donado o vendido las tierras.

En 2005, informes oficiales contabilizaban 63 casos de usurpaciones (en la actualidad son 400). Sin embargo, el capítulo más escandaloso data de 2008. En agosto hubo un desalojo en "Villa de los ingleses", un complejo de nueve chalets levantados durante los años 60 para albergar a los ingenieros de esa nacionalidad que construyeron el embalse. Luego, pasaron a manos la Legislatura hasta que en los 90 la Cámara las entregó a la Asociación del Personal Legislativo (APL). El gremio debía reacondicionarlas para su explotación durante 20 años. Como algunas estaban ocupadas, iniciaron acciones legales. En un intento por repeler el desalojo, ocupantes prendieron fuego a dos de las viviendas. Los nombres del sindicalista Juan Jesús Soria y del ex comisionado de El Cadillal, Carlos Bonanno, sonaron en ese momento como algunos de los posibles ocupantes.

También se había mencionado entonces al legislador José Teri y al ex concejal José Miranda. Ambos habían negado la situación.

En los gobiernos de Ramón Ortega y Julio Miranda se entregaron decenas de terrenos a sindicatos. Algunos fueron utilizados con fines no previstos. La entrega directa de terrenos fiscales a instituciones de bien público o a sindicatos se realiza mediante decreto del gobernador. La figura legal utilizada es el comodato.