No es nuevo que por intereses económicos grupos empresarios disputen parte del poder político con los gobiernos de turno, y viceversa. El "caso Ciccone" no es la excepción. Y al margen de que si se determina que Amado Boudou favoreció con sus influencias o no a la calcográfica o participa del negocio, lo cierto es que la duda está instalada en la sociedad y la negación pública del hecho, o un fallo a favor, no esfumará la desconfianza hacia el vicepresidente.
De todas maneras, si hubo delito la Justicia tendrá la última palabra y "caso cerrado". ¿Y si no hubo? ¿Quién gana y quién pierde? En este hipotético terreno, Boudou avanzará en su carrera pública pero ya no con una foja de servicio "inmaculada". Por el otro lado, los denunciantes o mentores "harán la vista gorda" y acá no habrá pasado nada. ¿Entonces, quién perdió? Sin dudas, la sociedad, la gente.
En este intríngulis de intereses (políticos, económicos y personales) el ciudadano termina siendo la "mortadela del sándwich". Como simple espectador de esta pelea, la sociedad argentina acumula más desconfianza hacia el sector político gobernante -y hasta lo generaliza-. "Son todos iguales", afirma.
Pero también recibe, a partir de la denuncia oficial responsabilizando a "medios hegemónicos" del tema y de querer alterar la paz social, otra carga de descreimiento hacia ese "tipo" de prensa y otra vez todos "caen en la volteada".
El tema no es menor. Por unos cuantos no se puede poner en tela de juicio a dos instituciones que son soporte de la democracia: el gobierno y la prensa independiente. Las guerras de intereses personales se dirimen en otro terreno.