BUENOS AIRES.- Mientras lentamente comenzaban ayer a normalizarse los vuelos internacionales desde el Aeropuerto de Ezeiza, el Gobierno nacional, a través de la presidenta, Cristina Fernández, aumentó su presión sobre los gremios aeronáuticos en conflicto al reclamarles que actúen con responsabilidad. Además, la Casa Rosada avanzó con el planteo judicial exigiendo que se suspenda la personería gremial a la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), a raíz de las medidas gremiales que afectaron el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas. Cabe recordar que los técnicos trabaron, desde el viernes, la salida de los vuelos aduciendo que las aeronaves no cumplían con todas las medidas de seguridad exigidas.
Además, la jefa de Estado dispuso que la Fuerza Aérea tenga nuevamente el control de los servicios de la navegación aeronáutica. Por medio del decreto 1.840 publicado ayer en el Boletín Oficial, la jefa de Estado ordenó crear la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo en el ámbito de la Fuerza Aérea, para concentrar allí las tareas de control aéreo que dependían de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
En julio de 2009, la Casa Rosada había tomado la medida inversa: había desmilitarizado el control del tránsito aéreo para pasarlo a la ANAC, encabezada por Alejandro Granados, hijo del intendente de Ezeiza, de igual nombre.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, reconoció que la transferencia de los controladores aéreos es en "respuesta" al conflicto con APTA, al advertir que "no acataron la conciliación obligatoria" dictada el viernes por su cartera, aunque el líder del gremio, Ricardo Cirielli, negó que estuvieran adoptando medidas de fuerza.
Por otra parte, el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, denunció ayer que Aerolíneas Argentinas perdió "más de U$S 20 millones" desde el jueves por el conflicto que involucró a los controladores aéreos y ratificó que "este tipo de acciones no vamos a tolerar" desde el Gobierno nacional. "Estamos poniendo orden y llamamos a la reflexión, no de los trabajadores, sino de un dirigente sindical como Cirielli, que nos complicó muchísimo el fin de semana a los argentinos", indicó.
Tribunales
La Casa Rosada pidió ayer a la Justicia la suspensión de la personería gremial de APTA por "incumplimiento a la Ley de Conciliación Obligatoria", informó la cartera que conduce Carlos Tomada. La presentación se realizó ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y en la oportunidad también se solicitó "la designación de un funcionario judicial para que adopte las medidas necesarias a fin de que la entidad sindical se ajuste a derecho y se normalicen las tareas".
El Gobierno acusa al sindicato que conduce Cirielli de haber llevado a cabo un "paro extorsivo" en el sector de controladores aéreos.
El sindicalista negó las imputaciones y adjudicó las críticas gubernamentales a su reclamo al directorio de AA para que cumplan con inversiones comprometidas. (DyN-NA-Especial)