"¡No hay más papel!". La novedad recorrió la línea de cajas con la impetuosidad de un relámpago. Un empleado explotó incrédulo: "¡no puede ser!". A alguien se le escapó una sonrisa sarcástica. La mayoría de los cajeros masticó la noticia en silencio. Más de uno levantó la vista para calcular al vuelo cuántos afiliados más podría atender con los insumos que le quedaban. Con suerte siete de los 20 que hacían fila. Un sensato pensó para sus adentros: "¿cómo explico este disparate?".

No tenían más que un lacónico y realista "cierro por falta de papel". A las 10.30 del jueves 7 de julio de 2011, el inverosímil problema operativo había detenido completamente la atención al público en la sede central del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst). Ni órdenes autorizadas, ni chequeras, ni nada. Atónitos, los afiliados recibían las largas de siempre: "estamos trabajando para solucionarlo"; "intente más tarde"; "vuelva mañana", etcétera.

Puertas adentro, el Subsidio de Salud -entidad intervenida desde 1990- se debatía entre la perplejidad y la indignación. Apremiado por la urgencia, un funcionario de alto rango levantó el tubo y encargó 100.000 formularios varios a una imprenta privada. Dos horas más tarde, el papel volvía a alimentar la gigantesca maquinaria burocrática del Instituto. Superado el sobresalto, un viejo empleado que se jactó de conocer todas las intimidades de la obra social (fundada en 1969) ofreció su opinión a LA GACETA: "la historia del papel no huele bien".

Mañana, la luz

Todos los formularios que usa el Ipsst, incluidas sus filiales y sucursales, son fabricados en la imprenta que posee la institución. En el taller "Juan Enrique Martín" -ubicado sobre calle Las Piedras, a un costado del estacionamiento-, un operario enumeraba las adversidades que confluyeron en el episodio del jueves: "veníamos cortos de resmas, pero, además, se rompió un máquina (la impresora Heidelberg GTO) que no se repara aquí".

Los problemas de abastecimiento comenzaron cuando el Subsidio postergó la licitación de papel que preveía hacer a finales de 2010. Pasaron los meses, se consumieron las reservas y la necesidad obligó a recurrir a pequeñas compras directas (que, por el volumen y el precio, no convienen financieramente a la entidad): el papel no terminaba de llegar y ya comenzaba a faltar de nuevo. "En ese momento, el Tribunal de Cuentas (TC) se puso firme con el control y los pagos se atrasaron. Desde hace un tiempo, Previsión no abona nada sin la firma de la interventora (Nelly Manuela Ganim). Así como el jueves se paralizó todo por los formularios, mañana puede haber un corte de luz", informa con preocupación un representante de los empleados.

En el segundo piso de la casa central, el que alberga los despachos de la interventora y la secretaría general, confirman la versión de los trabajadores. Ganim debe firmar todos los pagos mayores de $ 1.700 desde finales de mayo, cuando el TC la sancionó por incumplir las directivas del control preventivo previsto en la Ley 6.970, de Administración Financiera (LAF).

Salud vs. transparencia

"Estamos viviendo una locura. Ganim hoy tiene en sus manos miles de cuestiones esenciales: desde una cirugía neurológica hasta la tinta y el papel para imprimir las órdenes... ¡Todos los proveedores! Durante dos décadas nos manejamos con actuaciones autorizadas por los gerentes; el Instituto abonaba, la intervención convalidaba el pago y el expediente iba al TC. De repente, este dice que ese sistema ya no sirve más. Tenemos una estructura monstruosa que no se transforma de un día para el otro: la burocracia no puede estar por encima de la salud de 400.000 afiliados", cuestiona una asesora de la entidad.

La tensión entre el Tribunal de Cuentas y la gestión de Ganim (el gobernador José Alperovich la designó interventora en abril de 2008) explotó como consecuencia de una licitación pública de $ 1.800.000 para la adquisición de ascensores. Según el Tribunal, las autoridades del Ipsst violaron la LAF al pagar los certificados de obra que presentó la adjudicataria de la licitación sin permitir el control preventivo de los delegados fiscales (funcionarios del TC), oportunidad en la que estos deben constatar si las obras habían respetado la letra del contrato. Según el Subsidio, correspondía pagar los certificados porque, en su momento, el TC aprobó la resolución de adjudicación de la licitación.

Los argumentos de Ganim no han logrado conmover la posición del órgano presidido por Miguel Chaibén Terraf,que está decidido a aplicar el criterio de control previo a la disposición de todo el presupuesto asignado al Ipsst ($ 585 millones en 2010, entre fondos operativos y de funcionamiento). La "crisis del papel" ha revelado una disputa donde la salud de la gente parece reñida con la transparencia de la instituciones.