La existencia de grupos de interés en torno de los cuales ciudadanos se organizan para defender intereses comunes es un fenómeno regular en nuestras democracias. Estos grupos cumplen una función relevante: se encargan de trasladar a la arena política reclamos particulares de ciertos sectores de la población. Por lo tanto, estos grupos tienen como función primordial el lograr que los órganos políticos implementen medidas protectoras de intereses específicos.
Ahora bien, cuando estos grupos se organizan ya no para influenciar a los poderes políticos, sino que se organizar para ejercer o ser parte del gobierno político, el sistema democrático se resiente ya que las personas que representan estos grupos acceden a puestos de poder con el objetivo especifico de beneficiar solo a un determinado grupo de personas. Cuando esta práctica se extiende, el sistema democrático se degenera en un sistema democrático "corporativo" donde los representantes políticos pasan a ser representantes de intereses particulares, y no de la sociedad en general. En estos casos el grupo de interés reemplaza al partido político, ya sea cooptándolo o directamente "salteándolo", a la vez que anula la capacidad de participación de la ciudadanía no organizada.
Esta característica se agrava cuando los grupos de interés cuyos miembros acceden a los cargos de poder político son grupos con gran capacidad de lobby, estables en términos institucionales y económicos, y con reconocida capacidad de movilización. En estos casos estos grupos de interés se convierten en grandes corporaciones políticas que no influencian a un gobierno, sino que, ya efectivamente, ejercen ese gobierno.
En nuestra provincia se dan algunos casos de este tipo de corporativismo cuando se observa, por ejemplo, a dirigentes de entidades agropecuarias con capacidad de lobby aventurarse en la actividad política partidaria. Se puede decir, por ejemplo, que la Sociedad Rural es un poderoso grupo de interés en Tucumán. El hecho que su propio presidente haya pretendido embarcarse en una campaña electoral justifica, cuanto menos, la necesidad de señalar el riesgo de corporativización que ella conlleva.
Diferente es el caso cuando la incorporación a cargos de poder político de determinados grupos obedece a la necesidad de corregir las deficiencias del propio sistema democrático que imposibilitan la capacidad de influencia y presión de estos grupos, o que busca compensar desigualdades estructurales del sistema capitalista. Aun así, todavía el riesgo de corporativización de la democracia se mantiene latente.