BUENOS AIRES.- Mientras los opositores insisten con vincular al Gobierno con el "affaire Schoklender" y desde la Casa Rosada intentan despegar a sus funcionarios de cualquier vinculación con el caso por "malversación de fondos públicos", ahora, desde la propia Fundación Madres de Plaza de Mayo achacaron al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, responsabilidad en la falta de controles en el manejo de los recursos. El funcionario se limitó a apuntar: "la única responsabilidad de la cartera a mi cargo es controlar que los ?ladrillos? se pongan en la obra, ese es el momento en que se envían los fondos". El diputado Agustín Rossi defendió a De Vido al sostener que adoptó "todos los controles" al girar los recursos.
El abogado de la entidad, Eduardo Barcesat admitió que los fondos enviados por Planificación al plan de viviendas sociales de la entidad que preside Hebe de Bonafini, "debieron haber tenido un control más severo". El ministro y el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, están acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
"Debieron haber tenido una auditoría, que fuera más severa y que no se contentara solamente con ver que la obra se hacía, que era buena, que se cumplían los plazos y que eran viviendas muy dignas", reconoció Barcesat. Atribuyó la presunta falta de rigor en el control al "abuso de confianza: amor de las Madres hacia los hermanos Sergio y Pablo Schoklender".
Barcesat reveló que "funcionarios del ministerio y (la Subsecretaría de) Obras Públicas prefirieron que fuera Pablo el interlocutor", cuando conocieron el presunto manejo irregular de fondos achacado en primera instancia a Sergio, ex apoderado de Madres. "Se pensó que Pablo no estaba involucrado, por eso, siguió unos días más (en la asociación), hasta que se le revocó el poder", completó. Por último, admitió que forma parte de la estafa que investiga la Justicia el departamento de la avenida Hipólito Yrigoyen 1.590, que Bonafini utiliza en sus estadías en Capital Federal. "Ese departamento se compró para que Hebe u otra madre pudiera dormir porque la mayoría vive en el Conurbano. Se dijo que tenía que tenerlo la fundación, pero Sergio lo puso su nombre. Esto es parte de la estafa", concluyó.
Las sospechas radican en dos contratos que, según la pesquisa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, responsabilizan a la Nación por el supuesto control irregular de las obras. Instruye su causa en paralelo a la de Norberto Oyarbide, quien investiga la ruta de los $ 765 millones que administró Schoklender para el programa de viviendas sociales. (DyN-Télam)