BUENOS AIRES.- El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ampliar a empresas y financieras la investigación en la causa contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el presunto lavado de dinero y desvío de fondos públicos y le solicitó al juez Norberto Oyarbide que proceda a allanar esas compañías.
Di Lello presentó su dictamen en el juzgado de Oyarbide pero no solicitó detenciones ni citaciones a declaración indagatoria, informaron fuentes judiciales.
El fiscal se pronunció sobre la denuncia que presentaron la semana pasada los diputados de la Coalición Cívica Elsa Quiroz, Maricel Etchecoin Moro y Fernando Sánchez contra Sergio Schoklender por su incremento patrimonial a través de una serie de empresas, algunas de ellas que ya se investigan, como Meldorek SA y Antártica Argentina.
Al respecto, Di Lello requirió la investigación de empresas, financieras y casas de cambio y de sus integrantes, cuyos nombres no se dieron a conocer por el secreto de sumario de la causa y para no entorpecer la pesquisa. Esas empresas -según sospecha la Justicia- habrían participado en la maniobra de cobrar cheques y lavar fondos públicos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.
Este pedido de investigación se basó en la denuncia de los diputados y en las nuevas pruebas que produjo el fiscal antilavado Raúl Pleé, quien colabora con Di Lello en la causa.
El dictamen se suma a la causa que tramita Oyarbide por defraudación al Estado, lavado de dinero y asociación ilícita contra los Schoklender, ex apoderados de la Fundación, y otras siete personas vinculadas entre sí a través de varias empresas.
Oyarbide -quien esta semana ordenó el allanamiento de la Fundación, la Universidad, sedes de Madres y una imprenta de los Schoklender- debe resolver si acepta a la entidad como querellante y si cita a declarar, a pedido del fiscal, a Hebe de Bonafini. También debe definir si procesará y ordenará la detención de los hermanos Schoklender, sindicados como los autores principales en el supuesto lavado de dinero y malversación de fondos públicos.
Di Lello no especificó en su pedido si la citación de Bonafini debía ser como testigo o acusada en el caso para que brinde datos que no están en el expediente, como la integración del Consejo de Administración de la entidad, quiénes son las 16 personas que fueron echadas de la Fundación y en qué consiste la auditoría que ella anunció que pondrá en marcha en estos días. (DyN)