El Gobierno no quiere que el ejemplo de la Policía se expanda por otras reparticiones públicas. Sin embargo, el malestar entre los trabajadores comenzó a crecer como una enredadera por las paredes de las oficinas estatales.

Las 48 horas de reclamo que mantuvo un sector de la fuerza de seguridad la semana pasada permitió que los agentes obtuvieran una mejora de la oferta inicial hecha por el Estado. De hecho, a partir de esa manifestación, los trabajadores autoconvocados de la salud decidieron profundizar sus reclamos hasta obtener una mejora en sus haberes.

Ayer, el sector realizó una asamblea interhospitalaria en la que se resolvió sostener el quite de colaboración en los centros asistenciales por tiempo indefinido, el bloqueo informático (no se cargan datos estadísticos) y convocar a una marcha de antorchas para el viernes a las 20, en la plaza Independencia. No obstante, aún no existe consenso para instalar una "carpa blanca".

Una de las referentes del sector, Estela di Cola, anunció además que mañana los trabajadores del hospital Padilla concretarán un paro sin asistencia. En tanto, cada nosocomio sostendrá la medida de fuerza según sus posibilidades. "Se sumaron más hospitales a la protesta, como los de Simoca y Aguilares", precisó.

Paralelamente, los municipales del interior plantearon sus reparos al acuerdo salarial firmado por el Frente de Gremios Estatales. "Debemos exigir al Gobierno la aplicación del aumento del 50% sobre el básico que cobramos actualmente, no sobre el básico que nos asignaron hace un año atrás. Esa es la mentira que debemos desenmascarar. Porque un empleado de categoría 15 tiene de incremento sólo $ 45,47", se quejó el dirigente Vicente Ruiz.

También en la Defensoría del Pueblo se despertaron ayer con reclamos salariales. Trabajadores de ese organismo convocaron para hoy a las 10 a una asamblea, en la que decidirán las medidas a seguir. Cuestionan el monto del aumento y las designaciones de 16 trabajadores en categorías altas que, denuncian, habría hecho el ex ombudsman y actual vocal de la Corte, Daniel Posse.

Pese a que los planteos gremiales amenazan con reverdecer, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, fue tajante. "No se reabrirán las paritarias. Es una cuestión cerrada para el Gobierno", retrucó el funcionario.