El faltante de dinero (entre $ 400.000 y $ 500.000) en la sucursal Famaillá de la Caja Popular arrojó ayer dos detenciones ordenadas por el juez Mario Reinaldo Velázquez (Juzgado de Instrucción y de Menores del Centro Judicial de Monteros). Se trata de un cajero y un empleado administrativo, que ya habían sido separados de sus funciones, apenas salió a la luz el caso de una supuesta defraudación. El fiscal de la II Nominación de Monteros, Jorge Carrasco, recibió la denuncia de manos del interventor de la Caja Popular, Francisco Sassi Colombres. Luego de estudiar la documentación, solicitó las detenciones. En principio, los ex empleados prestarán declaración entre hoy y mañana. El supuesto desfalco fue descubierto tras una auditoría contable.