El Gobierno no ceja en su pretensión de sostener la actual composición de la Junta Electoral Provincial (JEP), con preeminencia del poder político.
"Vamos a apelar el fallo, pero vamos a acatar lo que diga la Justicia. Que el pueblo de Tucumán se quede tranquilo; no queremos causar ningún tipo de problemas", resumió ayer el gobernador, José Alperovich. Con esas palabras, el mandatario ratificó el anticipo dado el domingo por el fiscal de Estado, Pedro Giudice, a LA GACETA. En consecuencia, el Poder Ejecutivo apelará el fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que el viernes malogró dos normas introducidas por la Convención Constituyente de 2006 en la Constitución Provincial.
La sentencia de los jueces Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, que pretende recurrir el Gobierno, declaró nulos de nulidad absoluta e inconstitucionales los incisos 14 y 16 del artículo 43 de la Carta Magna. El primero modifica la conformación de la junta electoral: mantiene dentro del organismo al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al vicegobernador, pero quita del esquema al titular del Ministerio Público Fiscal y lo reemplaza por el fiscal de Estado. El segundo fija que ningún funcionario podrá ser obligado a tomar licencia previa al comicio, por el hecho de ser candidato.
Los dichos del gobernador confirman que el oficialismo prevé agotar todas las instancias procesales. El PE dispone de cinco días hábiles para deducir el recurso (tiene tiempo hasta el martes 29). Vencido ese plazo, la sala que dictó la sentencia debe decidir si admite o deniega la casación (instancia en la que la Corte actúa como tribunal de alzada). Si lo deniega, el PE aún podrá interponer un recurso de queja.
En cualquier caso, los efectos de la sentencia quedarán suspendidos hasta tanto sean agotadas las instancias de revisión.